El abogado Jorge Seall Sasiain criticó ayer a la Corte Suprema de Justicia por el trámite que dio a la acción de inconstitucionalidad planteada por Gabriela Quintana, conocida como la niñera de oro del senador Víctor Bogado.
Quintana, que cobraba doble salario público, estaría a punto de ser favorecida por la Sala de la Corte, con lo que se abre camino a la probable absolución del legislador en el polémico proceso.
La misma Corte pasaría por alto el artículo 105 de la Constitución, que establece que ninguna persona podrá percibir como empleado público más de un sueldo o remuneración simultáneamente.
“Es una de las mayores herejías que escuché en la historia de los tribunales del país, de la Corte, es una doctrina perversa que viene sosteniéndose en la transición democrática, siempre es lo decisivo y que hay que interpretar si efectivamente es una Sala Constitucional y no rebuscarse en el reglamento para encontrar una maña, esto es doblemente público”, criticó el abogado a través de Radio Monumental.
DELICTIVO. Indicó que la Constitución ayuda en varios artículos cuando habla de la competencia del dinero público y de las multinacionales y, por ende, la “desfachatez” de la Corte es enorme.
Expresó que este hecho en cualquier país serio sería motivo de juicio político a los miembros de dicha Sala Constitucional. “Inclusive hurgar en la conexión delictual que hay, eso es una canilla libre muy preciada que tiene la gente en el Congreso, llámese Itaipú; ni el presidente de la República gana esa plata al pedo, en vez de usar para salud y educación. La República se debe defender con la conducta, acá ellos inventan que no pueden ganar más que su contraparte, y eso es mentira”, subrayó.
EL CASO. La semana pasada, la Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad planteada por Gabriela Quintana, conocida como la niñera de oro del senador Víctor Bogado, con lo que abre camino a la absolución del legislador.
La procesada por cobro indebido de honorarios y estafa, quien será sometida en abril a juicio oral junto al legislador, accionó contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Carta Magna, que prohíbe la doble remuneración.
La Sala Constitucional, a través de los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y César Garay, le dio trámite a la acción y corrió vista a la fiscala general, Sandra Quiñónez. La ministra se opuso a darle trámite, porque no se planteó primero la excepción.
El caso es que, poco antes, la misma Sala, en otra causa, hizo lugar a la acción de Carlos Raúl Cabrera, con lo que le habilitó a percibir salarios en Itaipú y como miembro del Consejo de la Magistratura, aclarando que como funcionario público cobra un solo sueldo, ya que sostiene que los empleados de la Binacional no dependen del Estado.