El intento de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se convirtió en una miniserie, y en el proceso nos ha dejado un montón de anécdotas. Los diputados y diputadas han desplegado sus talentos en oratoria y nos han deslumbrado con su brillantez e inteligencia durante las sesiones en el Parlamento. Los electores tuvimos la oportunidad de conocerlos mucho mejor ahora y eso se agradece, lástima, porque muchos de ellos y ellas volverán a ocupar esos curules.
Pero suceda lo que suceda, ahora conocemos mejor también el deficiente trabajo que se hace desde el Ministerio Público. Los ciudadanos debemos recordar.
La Justicia en el Paraguay es exactamente como la describía monseñor Arnulfo Romero, sacerdote católico salvadoreño, arzobispo de San Salvador, conocido por su prédica en defensa de los derechos humanos; quien denunciaba en sus homilías dominicales las violaciones de los derechos humanos. El obispo decía que la Justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos.
La Fiscalía paraguaya es muy eficiente para imputar a quienes roban mandarinas y un par de champúes, pero no investiga a otros.
Recordemos a dos hermanos del clan Núñez, Ricardo y Basilio Bachi. El primero, ex intendente de Villa Hayes y actualmente precandidato a la gobernación de Presidente Hayes, había sido denunciado en 2016 por un daño patrimonial de G. 16.000 millones. La denuncia dice que supuestamente se desvió el dinero destinado al aporte jubilatorio de los funcionarios municipales. La causa sigue paralizada. Por su parte, Bachi Núñez, actual diputado del movimiento Honor Colorado, fue denunciado por malversación en la época en que fue intendente de la ciudad de Villa Hayes, pero el caso tampoco prosperó.
Otro caso, el del liberal Dionisio Amarilla, contra quien en julio del 2018 la Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una denuncia formal por enriquecimiento y tráfico de influencias. Se abrió una carpeta fiscal, sin embargo, ya pasaron cuatro años del inicio de ese proceso y no ha pasado nada.
Los fiscales Juan Ledesma y Jorge Arce vienen investigando al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, desde el año pasado por supuestas sobrefacturaciones en insumos adquiridos en plena pandemia, pero no hay imputación. La diputada Marlene Ocampos es investigada por un caso de desvío de más de G. 1.000 millones durante su gestión como gobernadora de Alto Paraguay, periodo 2013-2018, pero hasta el momento no fue procesada.
Apenas hace unos días, la senadora Desirée Masi cuestionó la gestión del Ministerio Público, tras la filtración de un informe del Comando Tripartito del mes de mayo del año 2021, en el que las autoridades de Uruguay habían informado sobre el esquema que encabezaba el uruguayo Sebastián Marset, buscado por el operativo A Ultranza por tráfico internacional de drogas. Un mes después, en junio del 2021, Marset y su familia salieron del país rumbo a Brasil y posteriormente a Dubái, donde luego fue detenido.
La senadora recordó que Marset había sido detenido junto al piloto Juan Domingo Viveros Cartes, tío del ex presidente Horacio Cartes, con una carga de 450 kilos de marihuana en Uruguay, en el 2013. Masi también apuntó que la Fiscalía sabía un año antes quiénes eran los cabecillas y que a lo mejor no se hubiese fugado Marset, tampoco Lindomar, como tampoco hubiese sido asesinado Schwartzman; e incluso asegura que si investigan bien podrían identificar a quien dio la orden para asesinar al fiscal Marcelo Pecci.
La impunidad es prácticamente la marca país. Los casos de corrupción y mal uso del dinero público terminan casi siempre en oparei, y la Justicia es responsable por tolerar las chicanas que benefician a los impunes.
Necesitamos una Justicia que sea imparcial y que ya no sea empleadita de grupos poderosos y esté al servicio de esos intereses.
