El 10 de setiembre de 2003, Faustino Decoud regresaba de Monte Lindo, Chaco, manejando una camioneta Toyota Hilux, con chapa 1559, propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tras cerrar la compra de 300 cabezas de ganado, mitad para faena y venta de carne a la Policía desde la empresa San Antonio, que figuraba a nombre de Decoud, pero era del entonces titular del MAG, Antonio Ibáñez. La otra mitad iba a ser destinada para cría en la estancia Punta Diamante, ubicada en Margariño, Boquerón, también propiedad de Ibáñez.
Debido a la alta velocidad, la camioneta volcó en una curva de la ruta Transchaco. Decoud murió y Díaz quedó malherido. Ninguno era funcionario del MAG, pero estaban usando el vehículo oficial en una operación comercial privada. Los datos se registraron en la Comisaría policial de Monte Lindo.
El ministro Ibáñez cubrió los gastos del sepelio de Decoud y la internación de Díaz, pero se desentendió de sus familiares. La empresa San Antonio siguió vendiendo ilegalmente carne a la Policía, ya sin los Decoud. La viuda de Faustino se molestó y así fue como el periodista Erwing Gómez supo de aquel negociado de uno de los principales integrantes del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
El caso del tráfico ilegal de carne a la Policía por parte de la empresa fantasma del ministro Ibáñez fue la mayor investigación periodística que hicimos para Última Hora en los años 90. Además de Erwing Gómez, trabajamos en el caso Cristian Cantero, Miguel H. López, Jorge Torres Romero y quien esto escribe, bajo la dirección de Ignacio Martínez. Tras una semana de documentadas revelaciones, Ibáñez no resistió el escándalo y se vio obligado a renunciar al MAG.
Los entonces fiscales Arnaldo Giuzzio y Adolfo Marín abrieron una causa por enriquecimiento ilícito, pero como en la mayoría de los casos de corrupción revelados por la prensa, acabó en el oparei. “No le condenó la Justicia”, es la excusa que utilizó ahora el presidente Mario Abdo Benítez para rescatar a Antonio Ibáñez del ostracismo político y premiarlo con un alto cargo en Itaipú, como compensación porque su hijo José María Ibáñez –también de su mismo movimiento político Añetete– renunció forzadamente a su cargo de diputado, al ser un corrupto confeso.
Antonio Ibáñez es solo uno más de varios viejos políticos salpicados de corrupción que están siendo reciclados por este Gobierno y ubicados con altos salarios en las binacionales, nuevamente convertidas en botín partidario. Hay quienes dirán que esa siempre fue una práctica corriente, pero entonces no nos vengan con el discurso de políticas diferentes, ni con el cuento de que “la impunidad es el cáncer a vencer”, como aseguró Marito al asumir la presidencia.
Sería más honesto colgar un enorme cartel frente al Palacio de Gobierno, con el tipo de leyendas que se usan en las obras en demolición: “Se regala escombro, tratar aquí”.
