El Senado decidió postergar hasta marzo el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas que fue presentado por el cartista Basilio Bachi Núñez y la bancada de Honor Colorado, para que el anterior, que fue presentado por las organizaciones de trabajadores de la prensa, quede sin efecto, y se impulse una normativa ajustada a los intereses del oficialismo.
La postergación fue una propuesta de la senadora Esperanza Martínez, a pedido del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), que alegó que este proyecto se presentó hace menos de una semana, no fue socializado ni debatido por los afectados.
El tratamiento quedó para marzo, luego del retorno del receso parlamentario. El SPP pidió que se realicen audiencias públicas para su análisis y comparación con el primer proyecto, que se estudió suficientemente con todas las instancias tanto del gobierno como de la sociedad civil, desde el 2023.
“El pedido obedece a que el mencionado proyecto de ley nos afecta directamente como trabajadores y trabajadoras de prensa, sin embargo, no hemos tenido participación en la elaboración del mismo, ni tiempo suficiente para analizarlo y realizar aportes a la mencionada propuesta legis- lativa”, reza la nota del SPP.
El proyecto cartista excluye a las personas defensoras de derechos humanos, por lo que, de aprobarse, el Estado estaría incumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Falencias. El proyecto de Bachi elimina todos los mecanismos básicos de seguridad.
Uno de los cambios principales es que no se contempla la participación de organizaciones de periodistas en el ente que tomará decisiones sobre la protección a los sujetos en riesgo, cuando son estas las que conocen la situación de los trabajadores.
El segundo inconveniente es que el nuevo proyecto crea una dirección que depende del Ministerio del Interior, es decir, elimina la autarquía que establecía la propuesta impulsada por el SPP y que ahora duerme en el Senado.
El tercer punto es que desaparecen las medidas de protección del texto de la ley. La propuesta cartista “remite todo al protocolo de protección de la Policía, que ya está vigente hace ocho años, pero ni los legisladores ni los policías conocen ni aplican”.
El cuarto cambio es que el uso del presupuesto será totalmente discrecional para el Ministerio del Interior, y el quinto elimina a las personas defensoras, que según Bachi, entrarán en otro proyecto.
22 periodistas fueron asesinados desde 1989 en Paraguay; solo tres tienen sentencia; la mayoría quedó impune.
600 casos de agresiones a periodistas aproximadamente se registraron desde 1989 a la actualidad en el país.
