Las constantes denuncias de consumidores por abusos en el servicio de telefonía e internet por parte de las compañías que utilizan el espectro radioeléctrico dieron origen a la conformación de una comisión de investigación en el Senado.
Los miembros votaron y como presidente quedó electo el senador liberal Dionisio Amarilla; como vicepresidenta, la colorada Lilian Samaniego y como relator, el cartista Patrick Kemper.
Amarilla informó que además fue aprobado el reglamento interno que dispone que las sesiones de la comisión se realicen todos los jueves a las 09:00 de forma presencial y virtual.
Oficinas regionales para reclamos
Entre las novedades se prevé también la instalación de oficinas regionales en todo el país, en municipios y gobernaciones para recibir denuncias ciudadanas “que guardan relación con aparentes abusos que se dan de parte de las empresas concesionarias de la explotación del servicio de telefonía e internet”, indicó el legislador.
La resolución creó la dependencia del Senado bajo el nombre de Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para el Control de los Supuestos Abusos a los Derechos de los Consumidores en los Servicios Proveídos por las Empresas de Telefonía Celular e Internet y los servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas”.
Está integrada también por los cartistas Juan Carlos Nano Galaverna, Natalicio Chase, Lizarella Valiente, Erico Galeano, Norma Aquino y Pedro Díaz Verón, además de los opositores Esperanza Martínez y José Oviedo.
“El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado y se licita la concesión para que se den las explotaciones”, recordó Dionisio este jueves tras conformar la comisión, que tendrá una duración de 180 días.
Entre los reclamos recopilados, Amarilla citó que los usuarios para conectarse solo necesitan de una copia de la cédula, pero para desconectarse de la línea, se dan muchas complicaciones.
“También hay dudas sobre la duración de los saldos, hay dudas sobre la duración de los paquetes, las últimas denuncias guardan relación con que se han cambiado incluso de manera discrecional las fechas de pago”, cuestionó el senador.
El parlamentario hizo referencia a que sin informar se cambian las fechas de pago, mucho antes de los días de cobro de salario tanto del sector público como privado, por tanto al final del mes, la factura llega con un recargo administrativo.
“Es llamativo porque los salarios se cobran en Paraguay en la función pública los últimos días del mes, y en el sector privado hasta el 5 de cada mes. Ellos fijan el 20 de cada mes como fecha de liquidación y para el 30 del mes, ya tienen una carga administrativa que forma parte de la factura”, subrayó.
Otra irregularidad es que los teléfonos que se adquieren en comodato, cuando se cumplen los periodos de pago, no se desbloquean de forma automática. Así también, se pudo constatar que cuando un usuario tiene unos días de atraso en el pago de factura, la línea se corta, sin embargo, al tercer mes de regularizar el retraso, la persona tiene que pagar por todo tiempo sin haber tenido el servicio.
Dionisio comentó que igualmente se comunicaron con la comisión representantes de Asociación de Cableoperadores del Interior del Paraguay (ACIP) para solicitar una audiencia y poder presentar denuncias.
Resaltó que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) informó que en sus registros estadísticos, la mayor cantidad de denuncias se dan en el campo de las telefonías. La comisión en tanto dispondrá de un equipo técnico que gestione las denuncias y también de una plataforma para consignar documentación.
