La crónica periodística reseñaba que 23 rastros de proyectiles fueron hallados en un automóvil en el que viajaba una pareja que fue baleada por agentes de la Policía Nacional en Ciudad del Este.
El sábado 19 de noviembre, alrededor de las 21:45, ocho agentes del GEO y tres del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional estaban buscando a un hombre con orden de captura nacional e internacional, que se desplazaba en un vehículo de la marca Toyota, modelo Premio, de color azul, en Ciudad del Este. En un momento dado, el personal observó el vehículo de la marca Toyota, cuyo conductor, supuestamente, al percatarse de la presencia policial, atropelló una patrullera y luego se inició una persecución. En medio de todo, los agentes ejecutaron disparos y mataron al automovilista y dejaron malherida a su acompañante. La víctima fatal fue identificada como Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, de 21 años, y la herida de bala es Gloria Yetsica Espínola Cáceres, de 30 años, domiciliada en Presidente Franco, ambos estudiantes universitarios.
Once agentes implicados en el hecho ya fueron imputados por homicidio, mientras que la Policía Nacional dispuso cambios en las jefaturas de la Unidad de Investigación de Delitos y del GEO, dependientes de la Dirección de Policía del Alto Paraná.
Respecto de estos hechos, el subcomandante de la Policía, Baldomero Jorgge, había señalado que, al menos 10.000 detenciones por año realizan los uniformados, y que “son muy ínfimos” los procedimientos donde por error de los intervinientes fallece una persona. “Lamentamos con profundo dolor que en una intervención policial, desde las armas que nos provee el pueblo paraguayo, hoy hay una familia enlutada por el mal empleo de esas armas”, apuntó.
Aunque los altos funcionarios no lo reconocen, es evidente que no son tan esporádicos los casos denominados de gatillo fácil, y es inadmisible que se minimicen estas situaciones calificándolas de simples errores y de mal empleo de armas. La Constitución Nacional, en su artículo 175, establece que la Policía Nacional tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas. Su misión es dar seguridad y no generar miedo en la población.
Puede que en la estadística de los altos funcionarios policiales, los “errores” no tengan un peso importante. Pero en un sistema democrático esos “errores” son inaceptables. La ciudadanía mantiene presente uno de los casos más recordados, sucedido en Asunción el 13 de agosto de 2016, donde el joven Richard Pereira fue perseguido por agentes policiales que dispararon contra su vehículo. El joven quedó parapléjico a consecuencia de las heridas. Así como lo sucedido el 30 de mayo del 2020, en San Lorenzo, cuando un niño fue herido gravemente por agentes de la Policía Nacional, cuando estos efectuaron disparos contra el automóvil en el que este viajaba con su padre, Ricardo Riquelme, quien intentó eludir una barrera policial. O el caso de la madre que denunció que su hija de 7 años resultó herida de arma de fuego tras un procedimiento realizado por el Grupo Lince. La menor recibió una bala en una de sus piernas, pero se recuperó.
Es hora, pues, de que se tomen en serio estos hechos, y no simplemente como anécdotas pues no sobresalen en las estadísticas policiales. Y es momento también de que nos preocupemos de analizar e investigar el tipo de formación que reciben los uniformados.
Debemos seguir reclamando justicia para las víctimas del gatillo fácil y reivindicar el derecho ciudadano a vivir en un ambiente seguro, donde nadie deba temer de su propia Policía Nacional.
