La Constitución Nacional reconoce la existencia de los pueblos, y su derecho a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Cuando siguen frescas las imágenes del aparatoso desalojo de la comunidad Hugua Po’i, surge la pregunta de en qué momento nuestra Carta Magna se convirtió en letra muerta. La comunidad ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, en el Departamento de Caaguazú, estaba ocupada desde el año 2014 y corresponde a las tierras ancestrales de los Mbya Guaraní, pues ahí está enclavado el cementerio de sus ancestros.
En una lluviosa mañana, mujeres, ancianos y niños fueron expulsados en medio de un operativo de seguridad pocas visto, ni siquiera para combatir al crimen organizado. Toda la fuerza del Estado contra 70 familias pobres.
El año termina con varios casos de desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. La organización Survival Internacional había denunciado que “al menos 7 comunidades indígenas han sido expulsadas violentamente de sus tierras en los últimos tres meses, y ocupadas por sojeros brasileños”, e incluso hay quienes afirman que la creciente ola de desalojos a comunidades campesinas e indígenas se debe a la Ley Zavala-Riera, que aumentó las condenas para las invasiones de inmueble.
El Estado paraguayo no solamente les ha fallado a los indígenas, peor que eso, ha tomado partido en favor de los poderosos, y cientos de veces ha enviado a la fuerza para asegurar desalojos de niños y ancianos desprotegidos. Pero el Estado no ha encargado a ninguna de sus instituciones una concienzuda investigación de los títulos. Expulsa a los pobladores originarios de sus tierras ancestrales, y no intenta recuperar las tierras regaladas por el dictador Alfredo Stroessner a sus amigos, esas tierras malhabidas pertenecen al Estado paraguayo y deben ser recuperadas.
El problema de la tierra está en el origen de la historia social del Paraguay, una historia conflictiva por las injusticias y la desigualdad que deviene de la corrupción y la impunidad. En el caso del conflicto de tierras más reciente, en Hugua Po’i, tiene origen en la compra de tierras de la empresa Sociedad Civil Tres Palmas con los indígenas adentro, según un informe de la sociedad sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Paraguay: en el año 1977, la cooperativa denominada Sociedad Civil Tres Palmas compró esas tierras “con la comunidad indígena adentro”.
Los indígenas se fueron quedando sin bosques ni recursos, por lo que tuvieron que migrar a zonas deforestadas, con suelos contaminados y sobre todo, las comunidades quedaron rodeadas de áreas de producción intensiva. Por otro lado, y como afirma el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis Lezcano Claude, la clase privilegiada moviliza a las instituciones del Estado para expandir su frontera agrícola, a costa de comunidades indígenas y campesinas.
Es urgente detener el despojo y la humillación de los indígenas; es inaceptable que este Gobierno movilice a las fuerzas de seguridad para perseguir a los más pobres entre los pobres, los siempre olvidados.
