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Se debe castigar con firmeza a involucrados en vacunación vip

El caso de las 115 personas que recibieron las vacunas contra el Covid-19 en el local de la Universidad Privada del Este, en Alto Paraná, sin hallarse en la franja requerida para la primera fase, constituye un hecho sumamente grave que debe ser debidamente aclarado y sancionado como corresponde, ya que implica violar reglas de salud pública, privilegiando a políticos y familiares por encima de las necesidades de la población más vulnerable. Escándalos similares en otros países han costado la destitución de ministros y altas autoridades. Hay que poner un freno a estos lamentables episodios de soberbia e impunidad en medio de una situación crítica, que constituyen una afrenta para la ciudadanía, sometida a innumerables sacrificios. Los involucrados deben ser identificados y castigados con firmeza, conforme a la ley, para que la irregular situación no se siga repitiendo.

Lo que se temía podría ocurrir también en el Paraguay, durante la aplicación de las esperadas vacunas contra el Covid-19, finalmente sucedió tan solo en la primera tanda de vacunaciones a adultos mayores de la población civil.

El martes, cuando tocaba administrar las vacunas exclusivamente a personas mayores de 85 años de edad, debido a la aún limitada disponibilidad de dosis, en el local de la Universidad Privada del Este (UPE), en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, se vacunó sin embargo a 115 personas que tenían menos de esa edad, violando las reglas expresas establecidas, según lo reconocieron las propias autoridades del Ministerio de Salud.

Entre los que recibieron irregularmente la vacuna figura el propio decano de la casa de estudios, abogado Lulio Gamarra, quien argumentó que recibió la dosis “porque no había gente esperando en la fila”, como si eso fuese suficiente para romper las estrictas normas de salud pública ante la pandemia. El caso se pudo confirmar mediante la denuncia de un ciudadano, quien compartió una foto del decano en momentos de vacunarse, pero aún no se cuenta con la lista de las demás personas que se vieron beneficiadas.

Las versiones hablan de que entre quienes recibieron las vacunas indebidamente figuran esposas y familiares de conocidos políticos de la región, algo que solo se podrá precisar cuando las autoridades del Ministerio de Salud divulguen la lista de quienes fueron irregularmente beneficiados. Un detalle que agrava la situación es que la universidad elegida como sede del vacunatorio es propiedad del actual gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, quien a la vez es hermano del precandidato a intendente de presidente Franco, Luis González Vaesken.

No es la primera vez que sucede este tipo de hechos, a cuyos involucrados se denomina “vacunados vip”. En la fase anterior, de vacunación a trabajadores de salud, hubo denuncias de personas que fueron vacunadas sin pertenecer a la franja y por ello perdieron sus cargos los directores de los hospitales regionales de Guarambaré y Caacupé, Sixto Daniel Cáceres y Lourdes González, a quienes se instruyó sumario, pero sin mayores datos de lo que luego ha sucedido.

En el bochornoso caso de la UPE, también se destituyó al director del Hospital de Presidente Franco, doctor Luis Villalba, y se anunció la realización de una investigación, aunque se teme que todo acabe nuevamente en el oparei, como la mayoría de estos casos.

Lo ocurrido es un hecho sumamente grave que debe ser debidamente aclarado y sancionado como corresponde, ya que implica violar reglas de salud pública, privilegiando nuevamente a políticos y familiares por encima de las necesidades de la población más vulnerable. En la Argentina, el caso de los “vacunados vip” le costó el cargo al reconocido ministro de Salud Ginés González García.

Hay que poner un freno a estos lamentables episodios de soberbia e impunidad en medio de una situación crítica, que constituyen una afrenta para la ciudadanía, sometida a innumerables sacrificios. Los involucrados deben ser identificados y castigados con firmeza, conforme a la ley.

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