Tras la aprobación del Congreso, la normativa debe pasar al Ejecutivo para su promulgación, de manera a que pueda entrar en vigencia la gratuidad de la renovación de la cédula de identidad y el certificado de antecedentes policiales para las personas con discapacidad.
La propuesta tiene la finalidad de garantizar el derecho de identidad, nacionalidad y ciudadanía a un sector vulnerable de la población.
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La propuesta fue presentada inicialmente por el diputado Carlos Portillo, pero luego pasó por algunas modificaciones en la Cámara de Senadores.
La normativa establece que los beneficiarios deberán acreditar su condición mediante un certificado de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y el Ministerio del Interior deberá incluir en su presupuesto los costos que traiga la implementación de la presente disposición.
