Las sanciones han sido aplicadas en medio del escándalo desatado por el descubrimiento de una mafia dedicada a adulterar carnes para el consumo interno y el mercado exportador, lo que ha llevado a decenas de países a suspender su comercio cárnico con Brasil.
Entre las empresas sancionadas por el Ibama figura JBS, una de las principales exportadoras de carnes de Brasil e investigada, junto a una veintena de firmas, por la supuesta adulteración de sus productos.
Según el Ibama, fueron aplicadas sanciones pecuniarias por un total de 264 millones de reales (unos 84 millones de dólares) a 11 frigoríficos del estado de Pará, mientras que otros tres operan en la región de Tocantins y otro en Bahía.
También precisó que, de acuerdo a una investigación realizada durante el último año, las empresas sancionadas adquirieron un total de 58.879 cabezas de ganado criadas en áreas que fueron desforestadas ilegalmente o de protección ambiental.
Todas las empresas implicadas en este asunto han negado los hechos y han manifestado su intención de apelar a las decisiones del Ibama.
JBS garantizó en una nota que no compra ganado de procedencia dudosa y que todos sus abastecedores son seleccionados con criterios “socioambientales rigurosos”, que incluyen garantías de origen e inspecciones a las haciendas productoras.
