La normativa, que ahora queda en manos del Ejecutivo, establece que el Estado se hará cargo de costear la adquisición de los dispositivos, en caso de declaración de insolvencia.
Como autoridad de aplicación y encargado de la implementación queda el Ministerio del Interior.
En cuanto al monitoreo, queda a cargo de la Policía, a través de una Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control.
Por otra parte, el procesado que incumpla las reglas impuestas automáticamente perderá el beneficio de la medida de vigilancia.
Queda en manos de un juzgado revocar el arresto domiciliario y decretar la medida preventiva correspondiente.
El oficialismo colorado se mantuvo en el discurso de aprobar sin modificaciones el texto proveniente de la Cámara de Diputados, con el argumento de que era un pedido del ministro del Interior Enrique Riera, lo que provocó una serie de críticas.
Varios senadores de la oposición mencionaron la necesidad de incluir una serie de modificaciones, necesarias para la aplicación de la ley, pero no tuvieron eco.
La liberal Celeste Amarilla sugirió que los dispositivos sean destinados a personas que no son un peligro para la sociedad, y que estén procesados más bien por cuestiones administrativas, y que se excluya a homicidas. Se intentó pedir más tiempo, pero mañana tendría sanción ficta.
