La presunta confabulación en la que están metidas las empresas del clan Ferreira “es solo la punta del iceberg” en lo que hace a las contrataciones públicas que realiza el Estado, según sostienen desde la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), entidad que investiga a tres sociedades componentes de ese grupo empresarial por colusión en licitaciones.
De los indicios hallados, infieren que se habrían cometido hechos punibles que deben ser investigados, oportunamente, por los agentes del Ministerio Público.
“Hay una cuestión de declaración jurada falsa, que es un delito de acción penal pública que debe ser investigado por la Fiscalía. Y con eso podríamos demostrar que existen un montón de otras licitaciones que no tienen que ver, en particular, con lo que investigamos, pero sí con que la administración convocante haya dejado pasar esa situación sin haberlo comunicado al Ministerio Público”, sostuvo Gustavo Benítez, director de Investigación de la Conacom.
Cuando habla de que se “haya dejado pasar” hace mención a la posible responsabilidad penal que pudieran tener funcionarios públicos y que, a priori, se configura en la lesión de confianza. Tal es el caso de los del Ministerio de Salud Pública (MSP), que están sumariados por sus actos en la última licitación por vía de la excepción, adjudicada a dos firmas del clan Ferreira, que fue anulada por una serie de irregularidades.
“Llegamos a la convicción de que con todos los elementos probatorios es suficiente como para hacer la acusación y pedirle al directorio de la Conacom que sancione. Pero pueden surgir indicios que lleven a abrir otra línea de investigación”, refirió al señalar el análisis de las ofertas que presentaron en distintas licitaciones.
En los últimos dos años, tanto Imedic SA como Eurotec SA y Medical Pharma SA salieron adjudicadas –en distintos ítems– en seis llamados públicos por un monto total cercano a USD 40 millones (ver infografía).
“El tema de las ofertas es fundamental porque uno puede ver. Eso nos puede generar indicios de cómo se tomaron las decisiones, por qué uno decidió entrar de 20 ítems, a cuatro solamente y justo no coincidir con las otras. Esas son cosas que llamarían la atención”, dijo.
Eso es algo que aún están hilando, a saber si existe o no un vínculo estructural entre esas empresas. Para ofertar en una licitación pública, cada oferente presenta una declaración jurada en la que declara “no estar en infracción al artículo 40 de la Ley de Contrataciones”. Ese apartado, en su inciso g, dice que quienes estén vinculados –sean socios o asociados– de una misma firma no pueden pujar por el mismo ítem.
Para el abogado se debe “levantar el velo societario” cuando se trata de contratar con el Estado y que cada firma “tenga la obligación de decir no solo quiénes son sus socios, sino quiénes son los socios de la compañía que tienen control o forman parte del paquete accionario. Así se puede tener una radiografía de cómo están vinculadas estas empresas”, remató.
Si encontramos indicio de que hubo lesión de confianza o algún ilícito de acción penal pública vamos a comunicar a la Fiscalía. Gustavo Benítez, director de Investigación de la Conacom.
