20 abr. 2026

Sala Penal confirma inicio de juicio contra ex intendente

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Al banquillo. Gustavo Rodríguez junto a Horacio Cartes.

ARCHIVO ÚH

La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la casación interpuesta por la defensa del ex intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, contra el auto de apertura a juicio y su confirmación en segunda instancia, ratificando que la causa por lesión de confianza vinculada al presunto desvío de G. 2.269 millones durante la gestión municipal 2021-2022 se debatirá en juicio oral y público.

A más del ex jefe comunal, en la causa están acusados Vicente Darío Báez Benítez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi Schweighart, Diego Armando Espínola Olmedo, Gisselle Nohemi Irala Cáceres, Pedro Antonio, Morel Arévalos y Fátima María Pereira Ocampo, por los supuestos hechos de lesión de confianza.

La acusación fiscal refiere que Rodríguez Leguizamón, entre enero a diciembre del 2021, en su calidad de ordenador de gastos, y Báez Benítez, en su carácter de director de Administración y Finanzas de la comuna, emitieron cheques a una cuenta por valor de G. 268.455.000, aparentemente sin respaldo documental.

Los cheques librados al portador fueron endosados y cobrados por Norma Elizabeth Carmona Benítez, Luis Miguel Vera Ocampos y Hugo Alejandro Mena, funcionarios municipales.

Igualmente, entre los meses de enero a febrero del 2021, Rodríguez Leguizamón y Báez Benítez realizaron pagos y libraron cheques a una cuenta por valor de G.12.693.000 en concepto de compra y adquisición de bienes de consumo de oficinas e insumos, sin que los mismos cuenten con la documentación respaldatoria. Asimismo, entre otras irregularidades detectadas, se señala que el jefe comunal firmó cinco contratos con el señor Óscar Raúl Cañete, representante de la empresa RC Construcciones y Servicios.

Rodríguez Leguizamón fue denunciado por obras inconclusas y en estado de abandono, entre otras cuestiones.

La Contraloría General de la República encontró en su auditoría un faltante de G. 2.000 millones en la administración municipal.

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