Cuestionó que todo el control lo tenga la Corte Suprema, incluso en el aspecto económico. “El Poder Judicial consigue con este proyecto quedarse con todas las recaudaciones de las tasas judiciales. Estamos hablando de millones de dólares”, alertó.
El notario indicó que no tuvo un buen manejo desde el principio y lanzó una fuerte crítica al principal diseñador del proyecto, que es el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Ilo Moreno. Sostuvo que el texto parece una maravilla, porque fue redactado por “juristas de escritorio”, pero que en la práctica será un fracaso. “Acá le faltó cintura política al asesor de la presidencia”, manifestó Benítez en entrevista con Monumental 1080 AM.
El proyecto fue aprobado en el Senado y ahora está en poder de Diputados. El escribano indicó que la normativa está mal abordada porque no fueron consultados los que sí saben. Además, subrayó que el problema no es el dinero si se busca la modernización, sino la tecnología.
La iniciativa fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) con el Servicio Nacional de Catastro (SNC), del Ministerio de Economía, y la Dirección de Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas.
El escribano sostuvo que si bien la ley es necesaria, la unificación no era imprescindible. “El problema es que con esta ley, se unifica, pero en el papel, las instituciones seguirán separadas, cada una por su lado”, remarcó. Comentó que el Ejecutivo solo les dio una oportunidad para escuchar a sus representantes en una reunión en la que, luego de un estudio, objetaron 180 artículos de los más de 200, y que solo aceptaron seis modificaciones. “Como los títulos dicen una cosa, y resulta que la mitad está en tierra y la otra en el agua, eso da la pauta de que puede ser adulterado o que está mal medido por los instrumentos que se usaban en la época”, resaltó Benítez.
