Su teléfono contenía mensajes que revelaron corrupción y tráfico de influencias, implicando a varias autoridades.
La convocatoria fue decidida en la última sesión de la Comisión Permanente, donde la propuesta inicial era convocar solamente a Rolón y autoridades policiales, pero a pedido del senador Dionisio Amarilla se incluyó al juez Osmar Legal, autor de la denuncia que derivó en el escándalo.
En principio, la propuesta era llevar adelante una sesión reservada para escuchar a ambas partes dar su versión de qué sucede con la investigación que guarda relación con Lalo Gomes y los chats, en especial, lo que se refiere a la pericia al teléfono celular del legislador fallecido tras un allanamiento de su vivienda.
Sin embargo, también a propuesta de Amarilla, los congresistas decidieron que se tomará la decisión en el momento de la reunión y con base en el criterio que proporcionen los propios convocados, con el propósito de decidir si la reunión se hará a puertas cerradas o será abierta para los medios.
El careo que habrá entre los legisladores con Rolón y Legal se da en un marco de alta tensión entre los dos convocados, ya que el fiscal general sostiene que el juez no obró correctamente en su denuncia al, aparentemente, romper la cadena de custodia del teléfono de Lalo Gomes.
Por su parte, el juez sostiene que obró conforme a la ley, ya que presentó la denuncia después de descubrir otros aspectos que surgieron en la investigación.
