Representantes de gremios docentes participaron de la primera mesa técnica instalada en la Cámara de Senadores para analizar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, cuyo tratamiento está previsto en la Cámara Alta para el próximo 25 de marzo.
El debate se centró principalmente en una lista de pedidos de informes actuariales y financieros dirigidos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, prácticamente no se abordaron los parámetros de ajuste propuestos en la iniciativa, entre ellos, el principal punto de desacuerdo: Edad mínima para acceder a la jubilación.
Al término de la reunión, el secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A), Gabriel Espínola, señaló que la propuesta del sector docente apunta a discutir los años de servicio combinados con tasas de sustitución y el prorrateo para el cálculo del salario jubilatorio.
“Cuando lleguemos al estadio de negociación eso será expuesto. Confiamos en que los trabajadores de la educación acompañarán lo que se está planteando”, expresó.
Durante el encuentro, que contó con la participación de parlamentarios, representantes gremiales, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, y el ministro sustituto del MEF, Óscar Lovera, el dirigente docente Silvio Piris solicitó informes detallados que permitan dimensionar el impacto real de la reforma.
Entre los pedidos, planteó conocer la edad de jubilación proyectada para los docentes (si sería a los 50, 51, 52 o 58 años) con el fin de evaluar la sostenibilidad del sistema.
Asimismo, requirió que el MEF precise cuánto representaría en términos monetarios cada punto porcentual de aporte adicional contemplado en la propuesta del Poder Ejecutivo, que prevé elevar del 16% al 19% el descuento para docentes y universitarios. “Son montos que necesitamos conocer para dimensionar de qué manera se estaría cubriendo el déficit”, sostuvo Piris.
Otro de los reclamos fue el detalle de los intereses generados por los fondos depositados en entidades bancarias, así como el impacto de los denominados cargos vacantes que, según denunciaron, no se transfieren a la Caja Fiscal desde 2014.
Piris solicitó además que se realicen al menos tres o cuatro reuniones técnicas adicionales antes de la sesión del 25 de marzo y advirtió que el sector está preparado para evitar una eventual “sanción ficta”. “La versión aprobada en Diputados es muy lesiva para los docentes”, afirmó el titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Administración de Fondos. Por su parte, Espínola planteó interrogantes sobre el destino de recursos históricos de la Caja Fiscal. Recordó que entre 1973 y 2003, en el marco de la Ley 431/73, los denominados “beneméritos de la patria” fueron financiados con fondos de la Caja, y pidió precisiones sobre el impacto financiero de esa decisión.
También hizo referencia a la reforma del 2003 establecida por la Ley 2345, que dispuso destinar aproximadamente USD 800 millones de cuentas superavitarias a inversiones, inicialmente en bonos que generaron intereses. En ese contexto, cuestionó qué ocurrió con esos recursos, si los intereses pasaron a integrar el patrimonio de las cuentas superavitarias y cuál fue su destino final. El dirigente reclamó, además, una cuantificación actualizada de los recursos provenientes de cargos vacantes que, según afirmó, no se depositan en la Caja Fiscal pese a estar establecidos por normativa vigente desde 1909. Indicó que solo en seis meses se habrían generado USD 14,5 millones por este concepto en el sector docente.
En la misma línea, la senadora Esperanza Martínez informó que solicitó formalmente al MEF el informe actuarial completo, incluyendo los datos utilizados para su elaboración, así como la presencia de los técnicos responsables a fin de realizar cálculos y simulaciones sobre cada una de las propuestas en discusión.
