La revista estadounidense de asuntos internacionales The National Interest dedicó un artículo a Paraguay en su edición de este mes, en el cual afirma que “la corrupción endémica de Paraguay no terminará sin la intervención de Estados Unidos”.
El texto está firmado por Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos no partidista centrado en la seguridad nacional y la política exterior.
El comentario señala que el sistema financiero de Asunción está comprometido porque el financiamiento del terrorismo, el contrabando de cigarrillos, el comercio de productos falsificados, el contrabando y la evasión de impuestos alimentan el fraude y atraen al crimen organizado como un imán.
Recuerda que el 8 de abril, después de una experiencia judicial de tres años, Paraguay condenó al financiero de Hezbollah, Assad Ahmad Barakat, a dos años y seis meses por falsificación de pasaportes y fraude migratorio. Barakat ya cumplió su condena mientras esperaba el juicio, y las autoridades paraguayas lo expulsaron rápidamente a Brasil. Sin embargo, el escrito resalta que la expulsión de Barakat no cambia nada, pues las redes de Hezbollah no se ven afectadas y sus partidarios ya elogian su regreso a casa como una victoria, pues es residente permanente en el país vecino, donde no existe caso abierto en su contra.
CRIMEN ORGANIZADO. El artículo agrega que el Gobierno de Biden, que sancionó hace un par de semanas al diputado Ulises Quintana, por corrupción y ayuda al crimen organizado transnacional, debería reconocer que Paraguay es un refugio para el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo gracias a sus élites políticas corruptas. Asevera que a menos que Washington mantenga su atención y presión sobre los líderes paraguayos, Asunción solo hará un espectáculo, muy parecido a la expulsión de Barakat, pero poco más para abordar la corrupción sistémica que incita al crimen.
Apunta que desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, las viejas élites del país han abrazado la democracia mientras se benefician del legado stronista: una estructura de poder en gran parte corrupta, fuertemente comprometida por una economía sumergida de contrabando y tráfico ilícito, especialmente en la Triple Frontera.
Ottolenghi reconoce que los fiscales paraguayos, al menos aquellos que no están a sueldo de políticos y redes criminales, continúan investigando el crimen. Sin embargo, con algunas excepciones, las investigaciones rara vez arrojan condenas, pues “la corrupción sabotea el curso de la justicia la mayoría de las veces, y los políticos toman dinero de las redes criminales para financiar sus campañas electorales a cambio de cobertura política e inmunidad judicial”.
Tienen prohibición de ingreso
En los últimos años, EEUU decidió vetar el acceso a su país de por vida a políticos paraguayos salpicados por hechos de corrupción, así como a sus familiares. El diputado colorado Ulises Quintana es el último en sumarse a la lista negra, integrada también por el ex senador Óscar González Daher y el ex fiscal general Javier Díaz Verón.
El 10 de diciembre del 2019 fue la primera vez que EEUU tomó estas medidas y decidió prohibir de por vida la entrada a su territorio a González Daher y Díaz Verón. El primero es investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos; y el ex fiscal tiene una causa por enriquecimiento ilícito. A su turno, Quintana es investigado por tráfico de drogas, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Paraguay es un refugio del crimen organizado y el financiamiento del terrorismo con sus élites políticas corruptas. Emanuele Ottolenghi,
The National Interest.