Al final, en medio del análisis de la propuesta del autoblindaje fueron apareciendo una serie de modificaciones de los propios proyectistas.
El debate se centró en los plazos para la aplicación de la pérdida de investidura, y el tema de la mayoría absoluta.
Se hizo referencia a los dictámenes de los asesores del Senado, que coinciden en que resulta imprescindible la reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional.
Se puso énfasis en la mayoría calificada, recordando que se requieren dos tercios para sancionar con suspensión hasta 60 días y también para el desafuero. Además, se puso como ejemplos los casos de juicio político y los votos que se necesitan para la remoción. “Mientras que para la pérdida de investidura nada dice la Constitución, y es la sanción más grave”, se consideró.
Refirió que la sugerencia es que se inicie el proceso con la presentación de la pérdida de investidura firmada por un tercio, que son 15 senadores.
Refirió que luego se le corra traslado al afectado, que a su vez tendrá 15 días para hacer su descargo ante el plenario.
Indicó que se debe convocar a una sesión extraordinaria para que ambas partes presenten las pruebas, y que en 30 días se defina la expulsión o no.
Su correligionario Juan Carlos Galaverna consideró que se puede reglamentar el procedimiento, pero lo que no se puede es cambiar la mayoría, porque se estaría violando la Constitución Nacional.
El cartista Juan Darío Monges insistió en su argumento de que no le compete al Senado decidir sobre la pérdida de investidura, y volvió a reclamar que la Corte no se expida sobre las acciones.
En medio del debate, Gilberto Apuril, de Hagamos, sugirió la postergación.