Lida Duarte
lduarte@uhora.py
Amnistía Internacional presenta hoy su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”. El documento ofrece un análisis comparado de normativas aprobadas en Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador, donde se identifican patrones que evidencian una estrategia regional orientada a restringir, controlar o neutralizar a la sociedad civil organizada. Entre los elementos detectados figuran la aplicación de estas normativas sin procesos de diálogo, la imposición de requisitos exorbitantes, regímenes sancionatorios incompatibles con estándares internacionales, riesgos graves para la privacidad y la seguridad de donantes, beneficiarios y personal, así como la creciente criminalización de quienes integran estos colectivos.
Sobre los hallazgos, brinda más detalles Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
–¿Cuál es la situación actual de las organizaciones sin fines de lucro en la región?
–Es una situación muy compleja. Ya desde antes de estas legislaciones restrictivas estábamos viendo un contexto de lo que hemos llamado un cierre del espacio cívico, que cada vez más los gobiernos están tomando diferentes formas de actuar que hacen que las organizaciones no puedan realmente ejercer su labor o que sean atacadas por el hecho de criticar lo que hacen los gobiernos. Estas leyes antioenegés empezaron a proliferar en la región entre 2024 y 2025 y todas ellas con la excusa de regular su financiamiento, de la transparencia, de la necesidad de reportes, pero en realidad establecen requisitos que son imposibles de cumplir o bien directamente establecen sanciones tan exorbitantes que ponen en riesgo la propia existencia de las organizaciones.
–¿Qué motiva a los gobiernos a aplicar este tipo de leyes?
–En general lo que hemos visto es que son todos gobiernos que de una u otra forma han ido buscando deteriorar el Estado de derecho y la el espacio cívico y no solo a todas las voces que de alguna manera aparecen como disidencia. Y de hecho, una de las similitudes que encontramos es que en todos estos países la aprobación de las leyes va acompañada de una narrativa estigmatizante en contra de las oenegés. Dicen que son focos de corrupción, que reciben, como que estigmatizando el hecho de recibir fondos del extranjero, cuando eso no necesariamente tiene nada de malo. Y en definitiva, con eso van acallando voces o intentando acallar voces que son críticas a las políticas que ellos están adoptando.
–¿Los gobiernos acuerdan entre sí imponer este tipo de medidas?
–No tenemos evidencia de que hay un acuerdo, pero evidentemente hay un al menos una imitación o una tendencia que los Estados van viendo lo que van haciendo los demás y van implementando medidas de este tipo.
–¿Qué opina de la ley anti- oenegés de Paraguay?
–La ley tiene muchas similitudes con otros países. Primero es el establecimiento de requisitos adicionales y sin ninguna justificación. En el Paraguay, parte del análisis que hicimos muestra que ya existía normativa que regulaba las organizaciones, que las organizaciones tenían que entregar reportes y de hecho lo hacían. Entonces, no había realmente una necesidad de crear una nueva ley, salvo para establecer requisitos imposibles. Una de nuestras preocupaciones y que también hace parte de los patrones es que podría exigir el entregar detalles de todos los donantes y beneficiarios de las organizaciones. Y eso puede vulnerar gravemente la privacidad de esos donantes o de esos beneficiarios. Pensemos una organización que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, ¿realmente es necesario dar los datos de todas esas mujeres revelando su identidad cuando están pasando por procesos en que las podría poner en riesgo?
–¿Cuáles son los impactos que se observan incluso antes de su aplicación?
–Es como una cadena de impactos. El primero es el miedo y es natural y con esto no estoy juzgando. Todos tendríamos miedo en este contexto y eso hace que las propias organizaciones vayan a empezar a decir ”bueno, tal vez para evitar ciertos riesgos o mitigar ciertos riesgos, dejamos de prestar ciertos servicios, dejamos de decir ciertas cosas”. En lugares donde la represión es más extrema, una de las personas entrevistadas hablaba de lo que llama insilio, que es el aislamiento, el evitar decir ciertas cosas, el evitar juntarte con ciertas personas para mitigar esos riesgos sin tener que salir del país. Pero el exilio también lo documentamos.
–¿Los controles se aplican a todas las organizaciones por igual o de manera selectiva?
–En la mayoría de los Estados hay cierta capacidad instalada para fiscalizar de alguna forma el cumplimiento. Vemos que en muchas ocasiones no se fiscaliza a todas por igual, que las fiscalizadas son las que resultan más incómodas al Gobierno o son las primeras en ser fiscalizadas y lo otro que hemos visto es que también el cumplimiento se da no solo entre comillas por acto de autoridad, sino también por la manera en que actúan otros actores frente a la normativa. Por ejemplo, en Ecuador documentamos organizaciones a las cuales se les bloquearon las cuentas bancarias. También en Venezuela ocurrió que organizaciones que no se habían podido registrar de acuerdo a la nueva ley, empezaron a tener dificultades con los bancos locales que no querían operar con ellos o que les congelaban los fondos mientras no pudieron registrarse.
–¿En qué medida este tipo de restricciones puede dañar la democracia?
–Una democracia, un Estado de derecho requiere de contrapesos, de una fiscalización ciudadana, que la ciudadanía, las personas, habitantes del país puedan acceder a la información, puedan cuestionar lo que se está haciendo, puedan de alguna manera informarse para también, incluso al momento de votar tener una decisión informada. Las organizaciones de la sociedad civil son parte fundamental de ese contrapeso, para compensar a veces brechas del Estado y cuando eso se coarta, la resiliencia democrática de los países disminuye.
–Amnistía recurrió a una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley antioenegés en Paraguay, ¿también se analizan otras instancias internacionales?
–Nosotros tenemos la convicción de que la denuncia en sí misma puede hacer una diferencia, de que se sepa lo que está ocurriendo y que se ponga en perspectiva también de que uno tiene como en el imaginario a veces de que Venezuela y Nicaragua son países con prácticas autoritarias muy instaladas, pero cuando uno ve que también el Paraguay, que Ecuador, que Perú están incurriendo en exactamente las mismas cosas o muy similares, también es una señal de alarma y ahí también estamos haciendo esa denuncia a nivel más internacional, publicando el informe y estamos también evaluando en colectivo otro tipo de acciones. Esa es una preocupación de largo plazo que nos dan este tipo de organizaciones que la resiliencia democrática del Paraguay y de todos los países que estamos mencionando se va erosionando y eso tiene un efecto de muy largo plazo para los países.
Perfil
Ana Piquer es directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. Se unió por primera vez como activista en Chile en 1990 y desde entonces pasó por varias dependencias. Ocupó provisionalmente la Dirección de las Américas en setiembre de 2023 y luego asumió de forma permanente. En el ámbito académico estudió derecho en la Universidad de Chile y completó un máster en la Universidad de Nueva York.
- Las organizaciones de la sociedad civil son parte fundamental del contrapeso para compensar brechas del Estado.
- Vemos que en muchas ocasiones, las organizaciones fiscalizadas son las que resultan más incómodas al Gobierno o son las primeras.
