Las declaraciones realizadas en la víspera por el senador cartista Gustavo Leite, vinculadas a la ONG de su esposa, es una prueba más del fracaso en el cumplimiento de la Constitución Nacional por parte de sucesivos gobiernos en relación a la transparencia y el acceso a la información de Itaipú, lado paraguayo.
Que una organización sin fines de lucro (OSFL), denominada “Comunidad Cenáculo del Paraguay”, reciba una multimillonaria donación, aceptada por el Consejo de Administración de la Binacional, pone en evidencia que fondos que pertenecen a todos los paraguayos son entregados de manera discrecional, en este caso, a un correligionario.
A esto hay que agregar que la ciudadanía no conocería estas situaciones si no fuese por una fuerte presión pública y menos ocurre una rendición de cuentas abierta a todos.
Itaipú, si bien es un organismo binacional, no está eximida del cumplimiento de nuestra Carta Magna. En este caso, se trata del artículo 28 de la Constitución Nacional, referido al derecho a informarse que tiene la ciudadanía en relación a los actos administrativos de sus principales administradores (director general y consejeros), que son asignados por el Poder Ejecutivo, en su totalidad, ya sea de manera directa o indirecta.
La Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) no cejará en su pretensión de transparentar estos manejos, que son un verdadero golpe a la democracia. Recuerda, en tal sentido, que tenemos planteada una demanda internacional en contra de la Itaipú y sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe expedirse en relación a si es admitida o no. Hacemos un llamado, en tal sentido, a la CIDH a que considere este pedido.
