Los senadores de la oposición, integrantes de la Bancada Democrática, como Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza presentaron el proyecto “que suspende en forma temporal la creación de universidades e institutos superiores privados por un periodo de dos años, en todo el territorio nacional”.
Esta propuesta legislativa responde a un deber de Estado de salvaguardar el derecho constitucional a una educación de calidad y restaurar el rigor institucional en la formación de los profesionales del país.
“Durante las últimas décadas, el sistema de educación superior de la República experimentó una expansión cuantitativa sin precedentes. No obstante, esta proliferación de oferta no estuvo acompañada por un crecimiento proporcional en la capacidad de regulación, infraestructura ni excelencia académica”, se indica en la exposición de motivos.
“Por el contrario, facilitó la instauración del fenómeno conocido como las “universidades garaje”, instituciones operadas bajo criterios meramente comerciales en detrimento de los estándares mínimos pedagógicos, se remarca.
Funcionamiento irresponsable
En el proyecto se explica que el funcionamiento irresponsable de estas entidades se traduce en deficiencias estructurales críticas.
Se detallan aulas e instalaciones improvisadas sin condiciones mínimas para la docencia; inexistencia de Hospitales Escuelas, laboratorios, bibliotecas especializadas y centros de investigación.
Además, ausencia de un cuerpo docente de planta con la formación de posgrado requerida y la debida estabilidad laboral e incumplimiento sistemático del tríptico fundamental de la educación superior: Docencia, investigación y extensión.
“Permitir que la habilitación de nuevos centros de estudio continúe sin un freno regulatorio adecuado significa consolidar la precarización del título universitario y perjudicar directamente a miles de jóvenes que depositan su confianza e inversión económica en instituciones que no ofrecen garantías de formación idónea”, resalta el documento.
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También refieren que es de público conocimiento la grave crisis institucional desencadenada por los reiterados escándalos de expedición irregular y falsificación de títulos universitarios. Este debate se da en medio de la polémica que se instaló con el caso del ex senador Hernán Rivas, hoy condenado a 8 años de prisión.
“Las investigaciones judiciales, administrativas y periodísticas han puesto al descubierto esquemas de defraudación mediante la venta de cartones académicos, la adulteración de actas de examen, el registro de documentos con firmas apócrifas y el funcionamiento de sedes clandestinas”, sostiene el proyecto.
