No es un secreto que estas empresas vienen arrastrando desde hace años rendimientos y servicios que son lo que la gente espera.
La desalentadora proyección que se tiene en el corto y mediano plazo tampoco ilusiona, por lo que es cada vez mayor la necesidad de una reforma de las compañías del Estado.
Al poco tiempo de asumir, el Gobierno ordenó una auditoría a estas empresas, mientras tanto lleva adelante un proceso de reestructuración directiva de ellas.
Es una brillante oportunidad también para que la Administración Pública defina claramente la prioridad que tendrá de acá para adelante: ¿la rentabilidad financiera o la rentabilidad social?
¿Quiere el Gobierno que la prioridad de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) sea solamente obtener ganancias o quiere que todas las casas del país tengan acceso al agua potable? ¿Quiere el Gobierno solamente que las facturas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lleguen cada vez más abultadas o quiere de una buena vez invertir lo que haga falta para acabar el suplicio que representan para la gente los cortes diarios de luz?
Después de tantos años de fracaso, la gente pide a gritos que la rentabilidad social sea puesta por encima de la financiera, al menos en lo que respecta a la provisión de servicios básicos elementales, como el agua y la luz.
Y esto va de la mano de las promesas electorales que hizo el presidente Mario Abdo Benítez, porque implica no solo una reestructuración directiva u operativa, sino también acabar con el prebendarismo y otras prácticas lamentables que imperan en la clase política y que se convirtieron en el pan de cada día en las empresas estatales.
En su informe anual sobre libertad económica, publicado días atrás, la fundación norteamericana Heritage hizo mención a este dilema, destacando que las reformas en las compañías estatales se ven frenadas por los “elementos tradicionales del Partido Colorado”. Clarísimo. Elegantemente, la organización internacional nos está dando un mensaje: en un sistema donde el chonguismo prevalece antes que los merecimientos, la calidad de los servicios queda evidentemente en un segundo plano.
La privatización, al parecer, tampoco parece ser el camino indicado. Si bien varios sectores intentan meter este tema en la agenda, el claro ejemplo de lo mal que puede resultar la privatización es el transporte público, un servicio que en manos privadas se convirtió en uno de los peores de la región.
A pocos días de que este Gobierno cumpla seis meses de mandato, las señales alentadoras escasean. No estamos viendo un rumbo claro en las decisiones claves, y si el modelo de gestión no da un giro brusco, la deficitaria administración de las empresas públicas seguirá impunemente.
Con un lema como Paraguay de la gente, se espera que el Ejecutivo pueda acabar con los viejos vicios y dignificar los servicios que prestan las empresas públicas.
