Radicada en Ventura, ciudad al norte de Los Ángeles escenario de varias redadas de las autoridades migratorias recientemente, Tate sostiene que la ejecución de esta política federal no resuelve el problema en el campo, por el contrario, “solo va a desmantelar toda la economía” y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.
“Me comencé a preocupar cuando vi a grupo de agentes de inmigración venir al valle central e ir a las haciendas para cazar a la gente, evadiendo el derecho de propiedad”, dijo la granjera de 46 años en entrevista con AFP en una de sus plantaciones de aguacate.
“No estamos acostumbrados a ver eso en la agricultura”, agregó Tate, cuya familia administra ocho haciendas dedicadas principalmente a los cítricos y al aguacate, además de café.
La agricultora explica que no se trata apenas de los trabajadores que recogen la cosecha en los campos. “Toda la cadena alimenticia está involucrada”.
Camioneros, empacadores, vendedores, mercados. Más allá del estado migratorio, todo el mundo tiene miedo, dijo, incluso ella, cuyas raíces están muy afincadas en Estados Unidos. “Estoy nerviosa y asustada porque nos sentimos atacados”, comentó.
Varios de los agricultores consultados por AFP declinaron conversar por temor a represalias de la administración.
Tate sostiene que su sector intentó por años buscar soluciones permanentes para el campo que satisfagan la demanda existente, y no apenas permisos temporales para trabajadores inmigrantes, mano de obra esencial en las plantaciones.
El número de vacantes que califican al programa temporal de visas para el campo prácticamente se triplicó entre 2014 y 2024, según datos del Departamento del Trabajo, lo que da cuenta de la dependencia del sector en mano de obra extranjera para ocupar sus vacantes.
Y alrededor de 42% de los trabajadores agrícolas no tienen autorización para trabajar en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de 2022 del Departamento de Agricultura.
Los números coinciden con la continua escasez de trabajadores que los agricultores viven en el campo.
De paso, afirman que los estadounidenses no buscan este tipo de trabajo que implica extensas jornadas bajo extremas temperaturas, sea lluvia o sol, y con un enorme esfuerzo físico.
En consecuencia, Tate señala que remover a quienes realmente están en los cultivos causaría un estrago inmensurable.
No sólo paralizaría haciendas, que tendrían que trabajar años para recuperar su producción, sino que dispararía los precios de los alimentos, e incluso amenazaría la seguridad alimenticia del país obligándolos a importar alimentos, comenta.
“Lo que realmente necesitamos es una legislación que establezca el tipo de programa que necesitamos, y que funcione para los trabajadores garantizando su seguridad, que garantice la igualdad de condiciones en el comercio internacional, así como en las necesidades nacionales”, dijo.
