Definitivamente, el caso Ycuá Bolaños queda interrumpido hasta que se resuelva la recusación contra los jueces. Hay posiciones contrapuestas entre querellantes sobre el pedido del fiscal. Algunos afirman que debe haber un nuevo juicio oral. Otros dicen que los nuevos magistrados deben leer las actuaciones y sentenciar. También se habla de un caos jurídico.
La cuestión es incierta ya que ayer la jueza María Doddy Báez recibió la recusación que planteó el fiscal Edgar Sánchez contra los jueces Elio Rubén Ovelar y Manuel Aguirre. Ambos tienen un plazo de 24 horas para elevar un informe al respecto al Tribunal de Apelación.
El representante del Ministerio Público apunta como fundamento que el juez Ovelar tuvo “una evidente ignorancia jurídica, a más de demostrar su desconocimiento respecto a las pruebas producidas en juicio oral”. Sobre Aguirre, habla de “una exposición absolutamente ambigua”.
Al final, arguye que son “motivos graves, que afectan su imparcialidad e independencia”. No habló de coimas.
LAS ALTERNATIVAS. Según la ley, el juez recusado puede allanarse –hecho difícil, porque sería reconocer que actuó mal, como dice el fiscal–, por lo que se le considerará inhibido. Si se opone con razones de derecho, el Tribunal de Apelación en lo Criminal tendrá 3 días para resolver.
Si se decide que se aparten Ovelar y Aguirre, deberán entrar las magistradas suplentes Sandra Farías y Lourdes Cardozo. Sin embargo, como ellas no estuvieron durante las audiencias, debe comenzar de nuevo el juicio oral ya que no se puede resolver sobre algo que no se sabe.
No obstante, un nuevo juicio hace que se presente otro problema. La jueza María Doddy Báez ya resolvió sobre el asunto, por lo que la defensa puede considerar que preopinó en el caso, por lo que puede ser recusada y existe la posibilidad de ser apartada también.
Con ello deberían sortearse nuevamente otros tres jueces, un titular y dos suplentes. Aquí nace la posibilidad de que se excusen, se inhiban o sean recusados. Con la presión de las víctimas que existe, algunos abogados se preguntan: ¿quiénes se animarán a tomar el caso?
Luego de hallar a los magistrados, el juicio comenzará de cero. Es decir, desde el auto de apertura a juicio, que habla de más de 300 testigos, las pericias, las 77 cintas de vídeos, entre otros. Con la feria judicial de enero, la preparación del caso, el juicio será el próximo año.
APOYO. Por otro lado, miembros de la Asociación de Magistrados Judiciales se reunieron ayer con el presidente de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser, a quien dijeron que deben respetarse los fallos judiciales además de estar preocupados por la seguridad de sus colegas. Es en directa alusión a lo resuelto en el caso Ycuá Bolaños.
El juez Andrés Casati señaló que también debe investigarse la denuncia del fiscal Edgar Sánchez en contra de sus colegas Elio Ovelar y Manuel Aguirre, sobre la supuesta venta de la resolución final en el expediente.
Casati refirió que le llamaba la atención la postura asumida por Sánchez, “pues el fiscal tiene el amplio conocimiento de lo que es un homicidio doloso y también lo que es culposo. Me llama la atención porque el fiscal no hace más que incitar a esta pobre gente, sabiendo bien que se trata de un homicidio culposo.”
Apoyo a colega
La jueza María Lourdes Cardozo –tercera de la izquierda– miembro suplente en el caso Ycuá Bolaños, llevó ayer su apoyo a los colegas Manuel Aguirre y Elio Ovelar en reunión en la Corte. En caso de darse la recusación planteada por el fiscal Edgar Sánchez, la magistrada es una de las que deberían entrar al juicio oral. Con esto podría ser recusada también por cualquiera de las partes intervinientes en el proceso.
Con posturas encontradas
Mientras el querellante del caso Ycuá Bolaños Alejandro Nissen habla de que los jueces suplentes deben leer las pruebas diligenciadas y luego sentenciar; su colega, también querellante, Darío Caballero Bracho piensa que es una “incongruencia procesal recusar a los miembros del tribunal en esta etapa del juicio”.
Caballero Bracho considera que el plazo para recusar ya pasó, y que para eventualmente cuestionar la validez de la sentencia están los recursos de apelación especial y también casación.
“Mi presunción es que en el supuesto caso que se vaya a acceder a la recusación abriría la posibilidad de diligenciarse un nuevo juicio oral y público. En ese sentido podría crear una complicación procesal por la posibilidad del rebasamiento del plazo procesal, que conllevaría la extinción de la causa”, afirmó.