El periodista y analista Benjamín Fernández Bogado, en comunicación con ULTIMAHORA.COM señaló que a su parecer se trata de un hecho que incluso va en contra de los intereses del propio legislador.
“A mi me parece es un recurso jurídico utilizado dentro de una lucha de carácter político que busca distraer el tema central de fondo”, explicó.
Agregó que en jurisprudencia de otros países y en la experiencia de Paraguay cuando hubo una acción de este tipo, donde dos derechos estaban en conflicto; el derecho de la libre expresión y el derecho de la intimidad de los hombres públicos siempre ha fallado a favor de la libertad de expresión.
“Creo que aquí lo que valdría es establecer el debate en torno a cual de ambas libertades o cuál de los dos derechos debería tener un impacto mayor a la hora de la preservación del interés”, analizó Fernández Bogado.
Respecto a la redacción del documento indicó que fue realizada de manera muy apresurada, al punto que “el propio abogado del legislador se asustó de la amplitud que tiene el criterio de la jueza a la que le solicitó incluso que tuviera que ser más precisa en los argumentos que ella misma esgrimió”.
Finalmente recordó que la prensa puede publicar la información y una vez publicado el tema, la persona que se sienta herida o lesionada en su honor, en su imagen o en su intimidad puede establecer los recursos jurídicos apropiados para hacer valer sus derechos en el tema.
Por su parte, el sociólogo y analista político, José Luis Simón, calificó el hecho como un “ataque a las libertades, derechos y garantías en materia de libertades de pensamiento y de su expresión que no admite censura de ninguna naturaleza”.
Dijo que la jueza Patricia González debió haberse excusado de atender esta diligencia y la tildó de “galavernista”.
Añadió que la resolución tampoco puede afectar a las redes sociales, ya que pertenecen al ámbito de la vida privada, pero con repercusiones públicas.
