Por Raúl Ramírez Bogado
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Desde hace 19 años, con la caída de la dictadura, el recuperar los bienes malhabidos ha sido una materia pendiente. Hoy, el procurador general de la República, el abogado del Estado paraguayo, dice que recaban información para luego definir qué hacer. Reconoce, sin embargo, que es un ideal a ser alcanzado.
El hallazgo de otro de los sótanos de la dictadura hace que existan cada vez más pruebas de lo perjudicial que fue para el país. También el pago a las víctimas le cuesta al Estado bastante dinero. Sin embargo, aún no se pudieron recuperar los bienes obtenidos ilícitamente.
El caso del ex dictador, el ya fallecido Alfredo Stroessner, es el más significativo. Enrique García, el nuevo procurador general de la República, señaló: “De hecho, en la sucesión de Alfredo Stroessner, según lo que manejamos, hay intervención de la Procuraduría”.
“El tema de la subrogación no sé si está previsto en la Ley 838, que es la ley de reparación a las víctimas; pero, si no está, la figura de la repetición del pago, que es un instituto del Derecho Civil, se puede articular”, afirmó sobre la forma en que el Estado recupere el monto de lo pagado de los verdaderos responsables.
“Vamos a ver, porque la cuestión de la corrupción que ha generado el enriquecimiento de los funcionarios públicos es un tema que está en la calle, en la percepción generalizada. A muy poca gente le da asco que una persona que entró a la función pública con una mano adelante y otra atrás, salga siendo un potentado”, apuntó.
Dio ejemplos de que varios, luego, piden afiliaciones a clubes de la alta sociedad. “Se ostenta la riqueza malhabida; en general digo, sin hacer ninguna atribución particular a nadie”, aseguró.
INFORMACIÓN. Enrique García explicó que el tema de recuperar bienes era complejo. “Los sistemas de información son en general inconexos y, por ello, deficientes también. No existe una articulación de los sistemas que permita acceder sobre una información sobre el patrimonio”, alegó.
Habló de la declaración de bienes. “Sigue siendo un acto voluntario porque la regla constitucional carece de una reglamentación legislativa. Más allá de eso, se opera bajo declara-ción jurada”. Dijo que muchos casos fueron iniciados con ellos, por el Ministerio Público.
García entiende que la información sobre los casos de corrupción es de vital importancia. Refirió que ofició a la Corte Suprema de Justicia para requerir datos de los casos que están a nivel de la Corte, con involucramiento del patrimonio estatal. También de las causas similares que están en mesa de entrada en los juzgados de primera instancia.
“O sea, todo juicio donde está el patrimonio estatal comprometido, queremos saber cuál es, queremos saber qué es lo que tiene la base de datos y queremos iniciar un seguimiento más organizado de esas causas”, alegó
Remarcó que pidieron también informes al Ministerio Público sobre los funcionarios públicos investigados por enriquecimiento ilícito. “El cometido constitucional de la Procuraduría tiene que ver con la custodia del patrimonio estatal”, aseguró.
“La figura del enriquecimiento ilegítimo de las personas le interesa a la Procuraduría no desde el punto de vista de la condena del hecho punible que es materia de la Fiscalía, sino desde el punto de vista de la recuperación de activos que son la función de la custodia patrimonial del Estado”, dijo.
Explica que no tiene una información, siquiera, que diga cuánto es lo que se tiene que recuperar. “Estamos en etapa para recibir información. Si no la tenemos, no podemos definir qué vamos a ejecutar”, dijo.
Sobre la voluntad política que evidentemente debe existir, dijo que de parte del presidente de la República deriva de su palabra, y hay buena percepción de ello en el Parlamento. “Al día siguiente de la asunción al cargo, las palabras del presidente fueron: «Luchá contra la corrupción»", afirmó García.
FALTA DE LEY Y MUY POCOS RECURSOS
El procurador general de la República, Enrique García, explicó que la institución que dirige tiene “doce abogados, procuradores delegados, como se denominan ahora, otros tantos asistentes y nada más, para administrar alrededor de 2.000 causas que no son la totalidad de los casos que involucran al Estado”.
Remarcó que trabajan en un proyecto de Carta Orgánica, ya que hasta la fecha, desde su creación en 1992, no existe una. “Nosotros estamos en general concibiendo las ideas de una estructura que se plasme en un proyecto de Carta Orgánica”. Alegó que tienen la idea de realizar procuradurías delegadas temáticas, no sólo para litigar, sino para asesorar jurídicamente al Estado. “Un poco para entender, a la imagen y semejanza de lo que son las unidades fiscales, pretendemos que se capaciten, se especialicen, se aboquen a áreas específicas del Derecho y del interés jurídico y patrimonial estatal”, señaló García.