El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mantuvo una reunión con rectores de distintas universidades del país, con el objetivo de analizar el proyecto de ley “Que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”.
El encuentro se desarrolló en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento del diálogo institucional y la construcción de consensos en torno a una iniciativa que busca optimizar el uso de los recursos del Estado.
Durante la reunión se abordaron diversos aspectos técnicos y administrativos del proyecto, así como las consideraciones del sector académico respecto a su eventual implementación y su alcance en el ámbito universitario.
El rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, como vocero, afirmó que el espíritu del proyecto de ley es positivo y loable, ya que busca generar recursos para amortiguar déficits presupuestarios, especialmente en el área de la salud.
Sin embargo, advirtió que la propuesta requiere una revisión profunda, debido a que incluye a las universidades públicas dentro de la categoría de cargos políticos electivos, lo cual considera incorrecto.
“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, explicó.
Señaló también que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado.
En ese sentido, solicitan a la Cámara de Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias. Finalmente, reiteró que acompañan el objetivo, pero rechazan la interpretación que afecta de manera ilógica a los cargos docentes de las universidades públicas.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.
Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales.
