La eterna angustia de los invisibilizados, aquellos grupos humanos que también viven en el país y de quienes nos olvidamos de manera rápida, ante otras adversidades citadinas, el retruque ideológico y el enfrentamiento estéril entre facciones político-partidarias, o las anodinas discusiones en las redes por el color del vestido de alguna Miss o si se casó o no con algún famoso.
El verano pega fuerte. Nadie lo duda. Felices de quienes estamos amparados por áreas acondicionadas o de los que pueden gozar de estadías placenteras en la cálida arena con ambiente marino, algún río benefactor o la refrescante piscina de las minorías, porque es –no lo negamos– un derecho merecido para quien se sacrifica cotidianamente. También están los otros: los sempiternos acomodados que consiguen fácilmente el ticket al placer inmediato porque ondearon el pañuelito colorado o ejercieron la adulonería precisa para ostentar algún cargo con buen sueldo seguro.
No obstante, al mismo tiempo del goce en los paradisiacos parajes destinados a pequeños círculos, también se sigue gestando la injusticia traducida en el abandono de las funciones claves que deben tener presentes las autoridades de turno, desde la primera magistratura hacia abajo, sabiendo de la acuciante realidad que viven entornos muy alejados de la capital, donde falta lo más imprescindible para la vida.
Particularmente, el acueducto del Chaco, una obra por largo tiempo anhelada y que empezó a mostrar rápidamente su arista de errores garrafales en la ejecución, da como resultado en su primera fase de funcionamiento un verdadero fiasco, porque la construcción fue al parecer con cañería inservible. Es decir, con la presión de agua de la planta de tratamiento en Puerto Casado, en el recorrido del líquido vital por los más de 200 kilómetros hasta el centro de la Región Occidental, se vienen detectando pérdidas enormes, porque las cañerías apenas aguantan una tercera parte de esa presión.
El propio titular de la Essap, Natalicio Chase, reconoció que no se puede bombear lo necesario para que alcance a unas casi 90 comunidades indígenas y localidades ubicadas en el centro del Chaco, porque se rompen inmediatamente, con lo cual será bueno “reconstruir de nuevo” varios tramos con mejores cañerías. Y eso que para la obra se invirtieron aproximadamente unos USD 130 millones, sobrecostos incluidos.
Ergo, las comunidades desprotegidas tienen que seguir apelando a los tajamares y aljibes comunitarios, ya que no hay solución definitiva frente a la carestía, producto de la falencia del Gobierno.
Similar situación de necesidad rodea a los éxodos forzados de comunidades indígenas que llegan a apostarse frente a las oficinas del Indi, sin recibir respuesta inmediata y generando, como secuela, el caos en el tráfico sobre la avenida Artigas, toda vez que se deba bloquear un buen tramo, debido a las manifestaciones de justo reclamo, sumado al riesgo de situarse en veredas inseguras y caer en el círculo vicioso del desarraigo.
El Gobierno está de salida, lo sabemos. Se despreocupa de ambos escenarios adversos. Está embarrado en la angurria de perpetuar a algunos referentes en renovados cargos, mientras cientos de paraguayos deben errar en busca de lo más básico, en pleno siglo XXI. Despropósitos hechos realidad, de entre otros tantos, que acompañan diariamente el devenir nacional.
