Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplia el Art. 1° de la Ley N° 4711/2012, Que sanciona el desacato de una orden judicial”.
Tras el rechazo, retornó a la Cámara de Senadores, donde se originó la propuesta.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño explicó que esta ley no corresponde ya que hay otras herramientas como la interpelación y el voto de censura, incluso el juicio político.
Indicó que si bien corresponde establecer una sanción para quienes no responden los pedidos de informe, esta debe ser solo administrativa. Apuntó que es excesivo el planteamiento de este proyecto que establece prisión de dos años o multa y en caso de reincidencia, hasta cinco años.
La diputada cartista, Rocío Abed, coincidió con los argumentos. “Es importante que trabajemos en un proyecto que asegure que los pedidos de informes sean respondidos en tiempo y forma; hay pedidos de informes que pueden ser descabellados, pero también hay pedidos útiles”, subrayó.
