“A mí me sorprende el número, que sigue siendo alto, un número cercano al Presupuesto de Gastos de la Nación. Si eso entrase al mercado formal, sería una recaudación de cerca de USD 1.600 millones en impuestos, solamente por el lado del IVA, de acuerdo con la presión tributaria que hay hoy. Ayudaría a financiar muchísimo”, dijo.
Destacó que “la economía informal o subterránea tiene un impacto transversal en toda la economía”. “Del lado del Gobierno, se pierde en la recaudación de impuestos y esto vulnera muchas veces el futuro nuestro, porque personas que no pueden tener un trabajo formal y una jubilación digna a futuro, seguramente va a ser un desafío social para todo el país”, sostuvo.
Advirtió también que, en línea con lo que señala el informe, la falta de trazabilidad en las operaciones, especialmente aquellas realizadas en efectivo, dificulta el acceso formal al sistema financiero para mipymes, elevando los costos asociados al crédito por la ausencia de información confiable para evaluar riesgos.
“Para el sector financiero y para las pymes es mucho más barato ser formal. En un escenario en que tenemos mucha informalidad, sobre todo en las personas físicas, pequeñas y medianas empresas (en las entidades financieras), vamos a tener que usar mucha inteligencia para entender cuál es el flujo real y, con base en eso, otorgarle un crédito”, explicó Brítez.
El ejecutivo alertó sobre el vínculo entre la economía informal, el crimen organizado y la corrupción, ya que a su criterio, “termina mezclándose con el día a día de la economía formal nuestra”.
Por su parte, el economista de Mentu, Jorge Garicoche, en entrevista con ÚH aportó un enfoque complementario, haciendo énfasis en la dimensión social y regional. Apuntó a adoptar una mirada “transnacional” en la lucha contra las actividades ilegales que forman parte de la economía subterránea.
“Estamos hablando de la señora que sale a vender empanada y que no tiene rostro, tenemos que seguir trabajando para incluir a todo. Cuando hablamos de informalidad, nuestro enfoque es generar oportunidades. Cuando hablamos de actividades ilegales no nos queda otra que la sanción. Pero esa sanción lo que hemos puesto a consideración es que tiene que tener una visión transnacional”, expuso, al tiempo de instar a instalar una agenda de colaboración público-privada presente en el Mercosur.
