Si bien el aeropuerto y las fronteras empiezan a abrirse, las restricciones para los diversos sectores van desapareciendo y la gente se moviliza con mayor intensidad, el consumo en general se ve seriamente afectado y la incertidumbre permanece hacia lo que podemos esperar en los próximos meses y, particularmente, el próximo año.
La palabra clave es reactivación; es decir, volver a activar los diversos motores y engranajes de nuestra economía.
Es cierto, hay cuestiones centrales para el principal motor de nuestra economía que dependen de la naturaleza, como la llegada de la esperada lluvia para iniciar el proceso masivo de siembra. Pero hay muchas otras situaciones que dependen de la capacidad que tengamos como sociedad para diseñar e implementar políticas públicas y medidas concretas que generen condiciones favorables para el mentado proceso de reactivación.
Se menciona mucho —especialmente desde el sector público— que el impacto de la pandemia en nuestra economía será menor que en la gran mayoría de los países. Esto se sostiene incluso con las proyecciones de los principales entes multilaterales y, por supuesto, que ello no se puede desconocer. De hecho, eso ocurre precisamente porque en la última década y media, hemos sido capaces de construir un bien público esencial, aunque no siempre apreciado en su cabalidad, como lo es la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, es precisamente ese bien público el que está en serio riesgo hacia el futuro inmediato, lo cual puede llevarnos a una afectación en espiral en casi todos los aspectos que hacen a un proceso de desarrollo de cualquier país.
Es decir, la pandemia nos ha puesto en una suerte de punto de inflexión, uno que de todas maneras iba a llegar por el escaso énfasis en la transformación de nuestro Estado en tantas cuestiones claves, pero que fue tremendamente acelerado por la emergencia de este virus y sus consecuencias directas en muy poco tiempo.
Entonces, cómo enfrentamos este punto de inflexión es lo que verdaderamente importa en este momento, y creo que no lo estamos haciendo con la debida diligencia y urgencia.
Desde el sector público —específicamente el Ministerio de Hacienda— se ha presentado un plan general de reactivación que depende en gran medida de nuevos endeudamientos, como así también un proyecto de Presupuesto para el año 2021, con cierto nivel de austeridad, pero todavía lejos de enfrentar con decisión el cambio de lógica central en la forma en que el Estado gasta.
Así también se han presentado algunas iniciativas que apuntan a una reforma de la Administración Pública, entre las cuales se destaca, por ejemplo, la de la reforma del servicio civil.
Desde el sector privado, se han multiplicado las reuniones con los diversos sectores. Y por parte de los principales gremios y asociaciones se han elaborado una serie de propuestas concretas que apuntan tanto a proteger nuestra estabilidad hacia adelante como así también a generar mecanismos de más rápida reactivación.
Muchas ideas y propuestas muy interesantes están sobre la mesa, pero da la sensación de que se trata de mesas separadas, con muy pocos espacios de interacción y con altos niveles de desconfianza.
Los decisores a nivel del Gobierno y la clase política representada en el Congreso deberán tomar decisiones importantes en los próximos meses, pero se necesitan un liderazgo o varios liderazgos articuladores que hagan dialogar a los compartimentos estancos.
Si no logramos construir estos espacios, la gran mayoría de las ideas quedarán en el aire y la clásica resistencia con una actitud miope y anclada en sus intereses de corto plazo, la tendrá muy fácil para mantener un statu quo con consecuencias peligrosas en el futuro próximo.
