El 80% del empleo se encuentran en las micro, pequeñas y medianas empresas y en la agricultura familiar. Estos dos sectores además están muy vinculados, ya que muchos de los emprendimientos urbanos se desarrollan como eslabones de cadenas agroalimentarias, tanto en el sector industrial en la elaboración de productos alimenticios como en el sector servicios en el caso de restaurantes, hotelería, incluyendo microemprendimientos –lomiterías, chiperías, copetines, entre otros– muchos de los cuales, aunque son de baja productividad aportan recursos importantes a los hogares.
El impulso a la producción agroalimentaria contribuye al control de la inflación afectada de manera importante por el aumento de precios de los alimentos de la canasta familiar, con lo cual existe la oportunidad de frenar la caída de la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares y de la calidad de vida. Así, pueden existir otras cadenas de amplio efecto multiplicador que deben ser apoyadas de manera específica y estratégica.
Las medidas para impulsarlas son diversas y para la mayoría de ellas existen instituciones con funciones y competencias e incluso recursos. La formación laboral a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional y del Sistema Nacional de Formación Laboral; la formalización de los emprendimientos liderada por el Ministerio de Industria y Comercio y el acceso a mercados a través de este Ministerio y del Ministerio de Agricultura y Ganadería deben ser implementados de manera inmediata utilizando todos los recursos disponibles.
Más esfuerzo fiscal llevará el apoyo económico a aquellos emprendimientos que tienen la potencialidad de escalar. La tentación de ofrecer como solución la “inclusión financiera” a través de créditos debe tener en cuenta los ya elevados niveles de endeudamiento actual de la población. Las medidas que se elijan deben garantizar su éxito en el corto, mediano y largo plazo.
Por supuesto, no hay posibilidad de mejorar el desempeño del sector privado sin buenos servicios públicos. Quienes asuman el liderazgo de cada una de las entidades que tienen responsabilidad deben tener el mandato de hacer los cambios necesarios en el corto plazo y mostrar desde las primeras semanas resultados positivos.
La actual situación económica de los hogares, tras casi una década de reducción de los ingresos laborales reales y una pandemia en el medio, obligan a la nueva gestión de gobierno a implementar acciones radicales para impulsar la microeconomía. El nuevo gobierno debe implementar un plan de reactivación que potencie los recursos disponibles hacia un objetivo claro y concreto de manera a mostrar resultados en el corto y mediano plazo, proyectándose en el largo plazo.
Poner en marcha un plan de reactivación económica integrando la oferta de servicios actuales no debería llevar mucho tiempo. La mayor parte de las instituciones citadas tienen recursos humanos y presupuestos aprobados. El primer esfuerzo debe estar en coordinar e integrar las intervenciones y garantizar que sean oportunas.
El liderazgo y la voluntad de cambio y servicio a la ciudadanía son las condiciones iniciales para generar confianza y esperanza en una población que viene sufriendo las consecuencias de una gestión pública cada vez menos comprometida con las necesidades del país.
Esperemos que las nuevas autoridades tomen con seriedad la responsabilidad que el voto de una parte de la población les otorgó con la aspiración de que sus vidas mejoren. Un trabajo productivo no solo genera ingresos laborales, sino también satisfacción laboral y dignidad.