El ingeniero Eugenio Ramírez niega haber avalado la ocupación ilegal de los asentamiento de Antebi Cué, por parte de personas que no son sujetos de la reforma agraria.<br/><br/> “Como director regional, yo recibí solicitudes de propiedades, pero todas las adjudicaciones eran decididas en la oficina central del Indert, en Asunción”, sostiene Ramírez, quien actualmente es funcionario de la misma institución, pero en la ciudad de Horqueta.<br/><br/> “Es cierto, realicé cobros de cuotas a personas que tienen tierras en los asentamientos, pero todo era con recibo legal del Indert, siguiendo instrucciones que me daban en Asunción. El costo era de 1.600.000 guaraníes por hectárea. Pocos pagaron, debido al alto precio”, explica Ramírez.<br/><br/> El exdirector regional asegura que el Indert no tuvo nada que ver en las ventas de derecheras a brasileños y a otras personas que no son sujetos de la reforma agraria.<br/><br/>"Todo eso se hacía por contrato privado, fuera de la institución, como el documento que ustedes publicaron en Última Hora, el contrato de compraventa entre el diputado Magdaleno Silva y la mujer que se había adjudicado las tierras”, refiere. <br/><br/>