La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez -cuya renuncia piden los escrachadores instalados frente a la Fiscalía General-, presentó al presidente Mario Abdo Benítez el proyecto de fortalecimiento de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. El desempeño de esta unidad, responsable de investigar los principales casos de corrupción, es el foco de los cuestionamientos de los autoconvocados, por la falta de imputaciones y de avance en general en las causas que involucran a políticos de alto rango. La reunión mantuvieron en Palacio de Gobierno y también participó el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
Quiñónez urgió contar con un presupuesto adecuado para cumplir con las actividades de dicha unidad.
El año pasado, el Ministerio Público reclamó por los recortes. “En ese entonces, diciembre de 2018, hemos conseguido apenas recuperar parte de los recursos recortados del Presupuesto 2018, e igualmente este año, desde el Ministerio de Hacienda se propone un nuevo recorte al Presupuesto del Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2020, sin mencionar el pedido de ampliación presupuestaria solicitado para el ejercicio fiscal vigente 2019”, argumentó la titular del Ministerio Público. Pretenden garantizar y optimizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y dar continuidad a los planes de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y la corrupción.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, además de mencionar que la conversación con la fiscal general fue sobre establecer un trabajo coordinado en materia de desalojo, que necesita ajustes, y el plan para implementar el uso de grilletes, remarcó que la presencia de los manifestantes frente a la Fiscalía General del Estado es peligrosa por ser una suerte de coacción a una institución del Estado que debe trabajar sin presiones.
