La principal acusación que explicaron ante el presidente de la comisión, el diputado liberal Federico Franco, y los demás miembros se basó en un daño patrimonial de G. 1.199 millones durante la gestión del 2019.
Este caso está siendo investigado por los fiscales de Delitos Económicos, Diego Arzamendia y Néstor Coronel.
De la misma manera, después de la denuncia de los concejales, se presentó la intendenta a hacer su correspondiente descargo.
Fernández presentó documentos respaldatorios, con el objetivo de apoyar su defensa, y solicitó sea realizado un recorrido por las obras que están siendo cuestionadas, en una fecha a determinar.
Se decidió solicitar un informe especial al Ministerio Público sobre el estado del proceso judicial contra la intendenta, a pedido de la diputada cartista Cristina Villalba, vicepresidenta de la comisión especial.
La segunda decisión fue solicitar a la Contraloría un informe sobre la rendición de cuentas y si se realizaron auditorías a la Municipalidad.
Finalmente, se resolvió visitar las obras que se mencionan en el juicio, considerando que en el expediente se observan publicaciones periodísticas sobre obras fantasmas.
