Paraguay ya cuenta con un marco regulatorio sobre la puerta giratoria que debe ser cumplido. Si sus resultados son insatisfactorios, debe ser modificado hasta lograr erradicar el problema de manera definitiva de la gestión pública.
La puerta giratoria es un problema que forma parte de los llamados conflictos de interés. Algunos juristas hacen referencia a conflictos de interés explícitos cuando los funcionarios públicos que tienen o han tenido un vínculo con una empresa privada pueden tomar decisiones que favorezcan a esa empresa.
Además, existen otros tipos de conflictos de interés que son menos claros, pero que de todos modos son considerados un problema potencial y que en los países desarrollados también son regulados. Un ejemplo es cuando el funcionario público tiene un interés personal que puede traducirse en un conflicto de interés en el futuro.
Los funcionarios que entran pueden terminar regulando, fiscalizando o actuando a favor de sectores o empresas, mientras que los que salen se llevan consigo un cúmulo de información que pueden explotar –económica y profesionalmente– en su favor, bien sea para conseguir cargos importantes en el sector privado o utilizar en beneficio de determinados sectores económicos o de una empresa en particular.
Las adquisiciones sobrefacturadas, los incumplimientos de contratos por parte de las empresas proveedoras del sector público, la baja calidad de las obras, bienes y servicios contratados, la escasa fiscalización de los mismos son las consecuencias o los hechos más visibles.
Hay otros menos visibles; por ejemplo, cuando un funcionario toma decisiones en favor de empresas que más tarde podrán retribuirles con un puesto de trabajo.
La puerta giratoria se considera una forma de corrupción, ya que conduce a una captura del aparato estatal hacia intereses particulares que no solo afectan a la gestión pública y al bien común, sino también al funcionamiento del mercado porque pueden generar competencia desleal entre empresas.
Por esta razón, en abril de este mismo año, el Poder Ejecutivo promulgó la ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, conocida como puertas giratorias.
Esta ley impide, entre otras cosas, que cualquier funcionario público que haya tomado decisión con respecto a ciertas áreas después de salir del poder, sea contratado o trabaje en las áreas donde influyó como autoridad por el lapso de un año.
La normativa también hace referencia a la integridad que debe estar detrás de cada funcionario conceptualizando a la integridad como la actuación “en toda oportunidad con honestidad, buena fe, ejemplaridad, espíritu colaborativo, veracidad y respeto, observando siempre una conducta acorde con la dignidad del cargo”.
El objetivo de integridad es contundente. No solo asume la honestidad, sino también otros valores necesarios para un cumplimiento de las funciones estatales como la ética. La ética personal se vuelve fundamental en un ámbito en el que es difícil contar con toda la información necesaria para prevenir o castigar.
El Poder Judicial tiene un fuerte compromiso. La seguridad jurídica es un pilar central del desarrollo y del buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Paraguay debe salir de las zonas grises en las que está y ascender en los índices que miden el bienestar y para eso se requieren fortaleza institucional y una lucha frontal contra la corrupción y contra los conflictos de interés.