Hoy vence el plazo para que la fiscala Soledad Machuca solicite la elevación a juicio oral o la extinción de la causa por lesión de confianza que afecta a la Caja de Jubilados Bancarios.
Referentes de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, y de Afiliados Bancarios Organizados (ABO) exigen que se lleve a juicio oral una causa en la que están imputadas 5 personas. Se trata de José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, César Rodrigo Amarilla y Ángel Ramón Chamorro Ortiz.
El caso fue investigado por la fiscala Victoria Acuña.
La denuncia fue realizada por la creación de una empresa de maletín denominada Karakú SRL, que operaba supuestamente en una dirección en Lambaré, que luego se comprobó que era una humilde vivienda particular.
Se detectaron un total de 81 operaciones de refinanciación por un monto de G. 14.005 millones, entre los meses de mayo y agosto del 2016.
La fiscala Acuña solamente acusó a Amarilla, que se desempeñaba como gerente y solicitó el sobreseimiento de los demás imputados.
La jueza Letizia Paredes se opuso al pedido y dejó en manos de la fiscala Machuca, que es adjunta de Delitos Económicos para que rectifique o ratifique el pedido que realizó Victoria Acuña. Referentes de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados, y de Afiliados Bancarios Organizados (ABO) exigen que se lleve a juicio oral la causa.
