La palabra prudencia proviene como tantas del latín y se refiere al que ve por adelantado o al que ve por delante.
El diccionario lo define específicamente como “la capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, adecuando o modificando la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios”.
En momentos en que el Congreso Nacional debe cumplir con su deber constitucional de estudiar el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN), no encuentro una mejor palabra que la prudencia para definir el comportamiento esencial que precisamos de nuestros representantes.
Este será el primer presupuesto cuya preparación ya estuvo bajo control del nuevo gobierno. Y recordemos que venimos de años anteriores en donde su tratamiento fue bastante complicado por los desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Prudencia, pues los acontecimientos recientes en la Argentina nos deben poner en alerta, aún considerando que precisamente nuestra solidez macroeconómica nos ayuda bastante cuando aparecen estas tormentas en la región.
El primer tema central debe ser, una vez más, respetar a rajatabla la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), particularmente, en lo referente al límite del déficit posible. Más que nunca la experiencia argentina nos muestra lo insostenible a la larga tener que convivir con una situación en donde se gasta más de lo que se ingresa, sobre todo, en lo relativo a los gastos corrientes.
Parece una cuestión tan obvia y elemental, pero la realidad de tantos países nos muestra que ciertas prácticas políticas y la demanda de grupos de interés terminan por destrozar esta lógica.
Sin embargo, en teoría uno puede respetar este límite del déficit sencillamente aumentando la previsión de ingresos de manera a aumentar al mismo tiempo los gastos. No caigamos en esta situación, respetando lo que el poder administrador (Ministerio de Hacienda) ha calculado como el ingreso previsto en todos los conceptos.
También se podría mantener los límites de la LRF aumentando ciertos gastos corrientes, pero reduciendo otros gastos o incluso inversiones previstas. Esto también sería muy peligroso, ya que los aumentos salariales tienen una rigidez tal porque se mantienen hacia adelante y no se puede volver atrás.
Basta recordar lo acontecido en el 2012 cuando el Congreso aprobó un aumento de alrededor del 34% en los salarios del sector público, lo que significó a partir de ese momento unos 800 millones de dólares adicionales cada año que deben ser destinados al pago de salarios. Esto ya no tiene vuelta atrás.
Por supuesto que el Congreso tiene la potestad que le brinda la Constitución de modificar lo que considere pertinente dentro del PGN y sería bueno entonces que centre su atención en revisar minuciosamente los elementos del gasto, buscando mejorar su calidad, al menos en función a donde serán destinados.
El gasto social debe ser preservado e incluso aumentado de ser posible por las características de nuestro país que tiene un retraso enorme en dicho sentido, y al mismo tiempo las inversiones que tanto precisamos para crear las condiciones necesarias para el crecimiento de nuestra economía.
Desde el Poder Ejecutivo es importante mantener la disciplina en el marco del tratamiento del PGN, y esto implica que los diversos ministerios y secretarías de Estado eviten los lobbies directamente con el Legislativo para tratar de aumentar sus asignaciones por fuera de lo establecido por el Ministerio de Hacienda. Se supone que esa discusión interna ya debió haber terminado dentro del Ejecutivo.
En fin, son temas casi elementales de racionalidad que esperemos sean respetados, aun considerando el clima político ciertamente enrarecido que tenemos actualmente.
Que la prudencia se imponga por derecho propio, la necesitamos. Pues los intereses generales del país deben primar siempre.