El primero de los proyectos busca establecer la atención preferencial en lugares públicos y privados de acceso público a embarazadas, personas acompañadas de niños o niñas hasta seis años, adultos mayores y personas con discapacidad.
El marco legal de protección a embarazadas (Leyes 5508/2015, 7383/2024) como el de adultos mayores (Ley 1885/2002) no prevé la atención preferencial de los mismos.
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Las normas para impedidos (término utilizado en la Ley 122/1991) prevén la vía del amparo para casos graves, pero tampoco garantizan la atención preferencial para fila, según menciona el proyecto presentado por los diputados Pedro José Gómez Silva, Rocío Vallejo, Leidy Galeano, Pedro José Gómez Silva, Miguel A. Del Puerto, Carlos Pereira y Jazmín Narváez.
“Si bien existen prácticas sociales que promueven la cortesía y consideración hacia estos grupos, no existe una normativa clara y de cumplimiento obligatorio que asegure este derecho de manera uniforme”, señala el proyecto.
La implementación de una ley en el sentido propuesto permitiría garantizar el acceso preferente en filas, servicios de atención y transporte público, como también promover una cultura de respeto y protección hacia sectores que requieren especial consideración.
El ámbito de aplicación será instituciones y reparticiones del Estado, entes descentralizados y municipalidades, establecimientos comerciales, bancarios, financieros, sanitarios, supermercados, farmacias y servicios del sector privado que brinden atención al público. También servicios de transporte público y privado de pasajeros, ya sean terrestres, fluviales o aéreos.
Las municipalidades de toda la República serán las autoridades de aplicación de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, debiendo velar por el cumplimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Otro proyecto incluye sistemas de agendamiento prioritario
Las diputadas Rocío Abed de Zacarías, Bettina Aguilera, Alexandra Zena y Roya Torres presentaron el proyecto de atención prioritaria preferente e inmediata para personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se incluyen niños con trastorno del espectro autista, con o sin diagnóstico formal.
“No se exigirá acreditación formal cuando la condición sea notoria o evidente, debiendo prevalecer el principio de buena fe”, recoge el proyecto.
Asimismo, busca otorgar prioridad en sistemas de turnos, generación automática de turnos preferenciales, reprogramación inmediata en caso de demora, además de la prohibición de actos discriminatorios, trato negligente o indiferente.
También apunta a establecer una adaptación del mobiliario, ubicación accesible en planta baja o zonas de fácil acceso, sistemas diferenciados de numeración, cartelería visible, clara y permanente, como también uso de pictogramas universales, inclusión de señalización táctil y auditiva.
