La semana pasada, durante una sesión ordinaria, la Junta Municipal de Asunción aprobó una minuta por la que se declara como provida y profamilia. Su impulsor, el edil colorado César Escobar, refirió que concejales y cristianos deben defender los principios constitucionales, defendiendo a la figura de la familia como el pilar de la sociedad.
Son varias las autoridades municipales de Paraguay que han aprobado resoluciones por las que se las declara a ciudades u órganos comunales como ciudad provida y profamilia. Entre ellas figuran Limpio (2014), Encarnación (2017), Luque (2017), Ciudad del Este (2017), Hernandarias (2017), Mariano Roque Alonso (2017), Minga Guazú (2018), San Lorenzo (2018), Filadelfia (2018), Ñemby (2019). Asimismo, en el 2019, la Cámara de Senadores hizo una declaración similar.
Este tipo de iniciativas son bien vistas por sectores conservadores, algo que los políticos bien saben. Incluso, Lizarela Valiente, senadora electa por la Asociación Nacional Republicana (ANR), basó gran parte de su campaña en el mensaje de protección y defensa de la vida y la familia, algo que sin duda alguna le sirvió para captar algunos miles de votos de sus no correligionarios.
Si bien estas declaraciones buscan ubicarse como en defensa de la moral y de los valores, aquellas son el mayor ejemplo de incoherencia que se puede tener de una inmoral y desprestigiada clase política, que muy poco se ocupa de resolver aquellos problemas que aquejan a la sociedad.
De nada sirven estas declaraciones, cuando los miembros de estas familias, tradicionales o no, siguen pasando penurias a diario y el deterioro de su calidad de vida es una constante. Para proteger realmente a la vida, además de una resolución, se necesita que aquellos recién nacidos cuenten con camas de terapia intensiva, que sus padres tengan un trabajo seguro y que los que tienen el privilegio de estar inscriptos en la previsional, tengan acceso a medicamentos.
Cualquier declaración es en vano, mientras miles de familias no tienen un techo donde vivir o tengan que compartir sus calles con baches, basuras, veredas en mal estado y un transporte público precario.
A la vida y la familia se debe proteger de la pobreza, la corrupción, de la falta de acceso a la salud, del desempleo y de la inequidad. Buscar hacerlo solo con resoluciones y no ocuparse de los problemas reales por los que los ciudadanos atraviesan a diario, termina siendo más perjudicial que cualquier agenda o ideología que ponen en riesgo a esta importante figura social.
Para que la familia esté protegida, sus miembros deben tener oportunidades, una vida digna y, por sobre todo, esperanza, esa misma que la clase política le roba a diario.
La vida debe ser protegida permitiendo que las madres puedan dar a luz en un espacio digno, salubre, acogedor y no en los pasillos de los hospitales mientras mendiga por atención. Ellas deben contar con controles prenatales sin tener que esperar semanas por una ecografía y con la tranquilidad de que no tendrán que mendigar para poder comprar jeringas o guantes.
No se puede proteger la vida, cuando miles de padres irresponsables, de todas las clases sociales, eluden sus responsabilidades de prestación alimentaria sin que la Justicia les dé una respuesta rápida y efectiva.
Los políticos que aseguran que, desde su cristianismo, buscan blindar a la base de la sociedad, no son más que oportunistas. Ellos son los fariseos que se enfrentaban en público a Jesús mientras decían defender a la pureza y los valores, pero llevando una vida interior llena de pecados y corrupción.
