“Rechaza la ratificación de la reforma del código penal”, reza una de las pancartas desplegadas este lunes frente a las puertas del Parlamento de Indonesia en Yakarta, donde está previsto que mañana una mayoría de partidos ratifiquen la reforma más extensa del código penal desde la independencia de Indonesia de Holanda en 1945.
Una reforma que contiene “artículos antidemocráticos, perpetúa la corrupción, silencia la libertad de prensa, menoscaba la actividad académica, discrimina contra las mujeres y los grupos marginados y amenaza la existencia de los pueblos indígenas”, critican en un comunicado casi 100 organizaciones de la sociedad civil que participan en las protestas.
La misma lleva años discutiéndose y se frenó en 2019 por el surgimiento de masivas protestas contra las decenas de cambios de índole conservador, que llevan a sus críticos a condenar la “islamización” del país de mayoría musulmana y tradición liberal.
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Entre los artículos más criticados de la reforma, que contiene un total de 632, están los destinados a la penalización de las relaciones sexuales extramaritales, con castigos de hasta un año de cárcel, o la prohibición de la cohabitación fuera del matrimonio, que puede acarrear un máximo de seis meses de prisión.
Unas prohibiciones que ya se contemplaban en 2019 y que han sido ligeramente limitadas tras las protestas de entonces, reduciendo, por ejemplo, el derecho de delación al marido o mujer, padres e hijos.
Mientras, la prohibición de insultar al presidente, también muy controvertida y que puede suponer hasta tres años de cárcel, solo puede ser presentada por el mismo dirigente.
La reforma incluye asimismo la prohibición de insultar la bandera y el himno nacional y criticar la ideología fundacional indonesia, conocida como Pancasila y que originalmente se describió como una suerte de socialismo religioso, lo que en teoría podría utilizarse contra los grupos más islamistas.
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Se considera que su eventual aprobación responde a un controvertido malabarismo del presidente, el reformista Joko Widodo, para satisfacer al creciente sector conservador limitando, a su vez, el campo de operación de los grupos más radicales.
Lo que no ha reducido las críticas y temores de activistas de derechos humanos y analistas, que creen que la reforma menoscabará los derechos de comunidades como la LGTBI, la libertad de expresión y el disenso en un país en el que la memoria del dictador Suharto, derrocado en 1998, aún está muy viva.
Indonesia lleva décadas tratando de reemplazar su código penal, que data de la época colonial holandesa, y en 2006 eliminó algunas partes que habían sido utilizadas por Suharto para perseguir a sus críticos durante los 32 años que estuvo a los mandos.
