En los últimos días, empezó a hablarse nuevamente de la actualización del salario mínimo debido a las presiones inflacionarias. Por la alta informalidad laboral, un porcentaje mínimo de la población ocupada cobra el salario mínimo, por lo que el esfuerzo gubernamental no debe limitarse a emitir un decreto, sino también debe garantizar que todos los trabajadores que tengan derecho accedan a este y contrarrestar los efectos de la inflación con medidas que beneficien los rubros más afectados como alimentos y combustibles.
A pesar de la baja cobertura del salario mínimo, la discusión sobre el tema no es menor. En primer lugar, justamente porque uno de los problemas de cobertura radica en los altos niveles de incumplimiento de la norma en empresas relativamente grandes y con capacidad para hacerlo. El Estado paraguayo cuenta con la institucionalidad necesaria para fiscalizar y hacer cumplir el Código laboral.
En segundo lugar, porque el cumplimiento de la norma incluye el acceso a la seguridad social. La burocracia e inflexibilidad en el sistema reduce los incentivos a la formalización, ya que si cambia de ocupación o lugar de trabajo, el trabajador corre el riesgo de perder sus aportes. En este caso es necesario revisar el complicado e inútil entramado jurídico que hay detrás de la seguridad social para que se concrete el derecho establecido constitucionalmente y se garantice la sostenibilidad financiera gracias a un amplio y joven piso contributivo. En lugar de eso, el Instituto de Previsión Social solo complica el acceso y da señales negativas que desincentivan más la formalización.
En tercer lugar, el valor en guaraníes se encuentra ligado de manera directa a la inflación y al no existir mecanismos de negociación colectiva que incluyan el vínculo con la productividad, se ha convertido en un techo y no en un piso. En este caso también el Gobierno tiene instrumentos de política pública como la garantía y promoción de la organización de trabajadores para garantizar el derecho al salario mínimo. Además, debe liderar un debate sobre cómo transitar hacia otros mecanismos de fijación de salarios mínimos vinculados con la productividad.
El problema del valor del salario mínimo es central. Actualmente, la línea de pobreza urbana para una familia de 4 integrantes es de G. 3.415.112 mientras que el salario mínimo es de G. 2.680.373. Esto significa que una familia con un trabajador ocupado y proveedor no puede salir de la pobreza por la vía del trabajo. Esto es grave teniendo en cuenta, por ejemplo, que más de un tercio de los hogares tiene jefatura femenina y está integrado por niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Con estos ingresos es imposible mantener un hogar dignamente, esto sin considerar que algún miembro pueda sufrir alguna enfermedad o discapacidad.
Más allá de los problemas vinculados al trabajo formal que bajo el cual se concretiza el salario mínimo se encuentra la mayoría de los trabajadores que no están amparados por mecanismos de protección social o por políticas productivas que les permitan contar con ingresos laborales dignos y estables. La mayor parte de este grupo de trabajadores tiene ingresos laborales menores al equivalente al salario mínimo.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales viene desde 2014. En 2019, antes de la pandemia estos ingresos habían sufrido un retroceso de una década debido a la inflación. El aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles tienen un alto peso en la canasta familiar. Por lo tanto, el acceso a alimentos a precios justos para los consumidores y para los productores así como un buen sistema público deberían ser prioridades gubernamentales para garantizar que el trabajo sea una fuente de bienestar y un medio para salir de la pobreza.
Paraguay cuenta con tierra, fuerza de trabajo y energía eléctrica renovable, tres medios fundamentales para la protección de la capacidad adquisitiva de los ingresos laborales. No hay excusas que justifiquen la inacción gubernamental, además de la institucionalidad para implementar políticas de producción de alimentos y transporte público y medidas de formalización laboral. Lo que falta es voluntad para una transformación radical de la forma deficiente en que se están manejando estos temas.
