EFE
La reciente reforma del Código Penal holandés, que aún debe pasar por el Senado, incluye penas de hasta cuatro años de prisión por proxenetismo, e incorpora en esta categoría a chóferes de coches o guardias de seguridad que colaboren con prostitutas no registradas.
“Ellos dicen que se centran en los proxenetas, pero en realidad castigan a cualquiera que tenga un beneficio” del dinero obtenido por estas profesionales, aseguró Kwame.
Según Proud, “el contable de una trabajadora sexual o incluso su compañero de piso también podrían ser multados o procesados”.
Holanda levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector.
“El registro cuesta hasta 1.500 euros en algunos sitios, y pagarlo no asegura obtenerlo. Puede ser rechazado por cosas pequeñas, como haber recibido una multa o simplemente porque esa ciudad no quiere tener a ninguna trabajadora sexual allí”, indicó el portavoz de Proud.
Esta circunstancia explicaría que la mayoría de profesionales del sexo “no estén registradas”, aseguró Kwame, provocando su miedo a denunciar en la Policía situaciones de abuso por parte de clientes.
El centro neurálgico de la prostitución en Holanda es el Barrio Rojo de Ámsterdam. Un plan del Ayuntamiento, basado en reglas más estrictas contra los burdeles, ha provocado el cierre de casi un tercio de ellos en los últimos diez años.
Desde Proud lamentan esta política porque “en el Barrio Rojo hay una comunidad muy social donde las trabajadoras se cuidan entre ellas. Es mucho más seguro ejercer allí que en un aparcamiento o en un descampado”.
La otra reivindicación de la manifestación que recorre hoy la capital holandesa es la abolición de las leyes Fosta-Sesta, firmadas en abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que servirían para luchar contra el tráfico sexual de personas, según sus defensores.
Este conjunto de medias legislativas ha puesto en pie de guerra a la industria del sexo, pues contempla sanciones contra los proveedores de Internet que permitan en sus páginas anuncios de prostitución, lo que ya ha provocado la autocensura de muchos de ellos.
La medida afecta directamente a las trabajadoras sexuales europeas, pues la mayoría de los servidores donde ofrecen sus servicios son estadounidenses.
“Están siendo expulsadas de Internet cuando es mucho más seguro trabajar ‘online’, haciendo ‘webcamming’ -sexo virtual- u ofreciéndose como ‘escorts’”, dijo Kwame.
Los foros virtuales también son un lugar en el que las profesionales del sexo intercambian información, aseguran desde Proud, como consejos o advertencias sobre clientes molestos.
Por otro lado, el sindicato defiende seguir el modelo de Nueva Zelanda, país que en 2003 despenalizó totalmente la prostitución, estableció medidas más protectoras y no obligó a las profesionales del sexo a registrarse como tal.
Los delitos contra estas mujeres “disminuyeron más de un 70%. Es el único sitio en el que el trabajo sexual se ve como un trabajo”, indicó el portavoz de Proud.
La situación es la opuesta en países como “Francia, Irlanda y Estados Unidos”, donde según el sindicato las últimas regulaciones han provocado que “los crímenes contra las trabajadoras del sexo y las infecciones de VIH hayan aumentado”.
