“El desborde y la deshonestidad dentro de las cárceles ha tomado mayor protagonismo, a raíz de situaciones de extorsión, coimas y otros tipos de delitos cometidos a través de la utilización de teléfonos celulares –de uso prohibido–, en muchos de los casos, apadrinados por los mismos funcionarios de la prisión”, indicaron los proyectistas en la exposición de motivos del proyecto que cuenta con 17 puntos.
Las cabinas telefónicas deberán estar ubicadas en áreas comunes de acceso, que cuenten con el espacio adecuado para su utilización y control. Así mismo, deberá contar con un sistema de vigilancia que garantice la seguridad del recinto mediante tecnología apropiada y mecanismos que permitan obtener el reporte de todas las comunicaciones.
Su reglamentación dependerá de cada centro penitenciario.
“Las comunicaciones realizadas dentro de los recintos penales, en su mayoría, responden a fines alejados a su reinserción pero también es una realidad la necesidad de mantener lazos con familiares, defensores, etc., pero el Estado no brinda un mecanismo que garantice una comunicación a la cual acceder sin necesidad de incurrir en incentivos e ilícitos”, manifiestan los proyectistas.
Kattya González, Colym Soroka, Édgar Acosta, Salustiano Salinas y Raúl Latorre presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados.
