El propio presidente Abdo Benítez fue quien prometió a los asentados en tierras de Marina Cué que iba a regularizar la ocupación de las 150 familias humildes del lugar. Sin embargo, el miércoles se echó para atrás.
El representante de la asociación de familiares víctimas de Marina Cué, Darío Acosta, señaló que están preocupados y con temor de que vuelva a darse un escenario parecido al de 2012.
Señaló que la postura del Gobierno es violenta y crispa a la población porque se burla de la gente.
“No queremos desalojo violento y derramamiento de sangre porque nosotros hicimos todos los trámites decentemente y tras una lucha pacífica y aún así, no entendemos por qué hizo eso el presidente, sembrando una expectativa falsa. Se burla de nosotros”, subrayó Acosta.
Agregó que hoy el lugar está totalmente colonizado, con escuelas, parroquias y viviendas. “Hasta columnas de la ANDE ya están instalando en el lugar. Ojalá que prosiga. Tenemos una escuela donde acuden 110 niños, se llama Mártires de Marina Cué”, agregó.
Mediación. El integrante del colectivo que reivindica la tierra en litigio para una colonia campesina, señaló que ayer fueron ante autoridades de la Iglesia a buscar mediación, además fueron a hablar con el asesor jurídico del Ministerio del Interior, puesto que en el lugar se teme que los ánimos se exalten ante la presencia policial y las supuestas amenazas de desalojo por parte del fiscal Lucrecio Cabrera.
Sobre lo que sucederá luego del veto del Ejecutivo, señaló que ahora el documento está en cancha del Legislativo, donde anticipó que harán lobby. “Ojalá se dé la ratificación del proyecto de desafectación, dado que hoy viven allí unas 600 personas según nuestro censo”, refirió.
Sobre la posición de Infona de que la expropiación colisiona con la ley de deforestación cero, agregó que Campos Morumbí, que reivindicaba Marina Cué como suya, había talado ya unas 1.000 hectáreas, pero que nadie hizo nada. Hay que recordar que un desalojo violento generó el saldo de 17 fallecidos en junio de 2012 y fue el detonante del juicio político que echó al presidente Fernando Lugo.
