Por Anahí Vera<br/><br/>anahi–vera@uhora.com.py<br/><br/>Una gran cantidad de empresas o personas contratadas para brindar servicios en el censo rural, impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), expidieron facturas inválidas, según los resultados preliminares de la auditoría realizada al proyecto.<br/><br/>La revisión encargada por el titular interino del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, reveló graves irregularidades en la administración financiera y de gestión que se realizó a la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo), organismo encargado de ejecutar el censo de colonias.<br/><br/>Uno de los casos es el de Jorge Ramón Ferreira Cuenca, quien expidió en febrero de este año una factura contado por valor de G. 2.500.000, en concepto de servicios de profesionales de seguridad en el local del censo rural.<br/><br/>El documento fue rechazado por la Subsecretaría de Tributación, debido a que fue expedido fuera del plazo de vigencia del timbrado.<br/><br/>Lo mismo sucedió con la contratación de Gustavo Avelino Duarte Martínez, contratado para el mismo fin y con el mismo salario.<br/><br/>Cada uno cobró su salario al contado correspondiente al mes de febrero de este año, por un valor de G. 2.500.000. Los pagos se efectivizaron, a pesar de que los comprobantes eran inválidos.<br/><br/>Incluso para mostrar mayor desorden en el manejo de los documentos, en el caso de Ferreira Cuenca ni siquiera se menciona el mes al que corresponde el servicio que se abonó. <br/><br/>Gran parte de los comprobantes de servicios profesionales se crearon solo para el cobro en la institución y corresponde a la primera factura emitida, lo que no se descarta que hayan sido operadores políticos, en realidad, los contratados. Se verificó el incumplimiento de requisitos, como la presentación de tres presupuestos para los casos de compras de bienes o servicios.<br/><br/>Según los sinformes preliminares, existe una gran cantidad de estos casos que suman montos millonarios que se darán a conocer una vez que la auditoría entregue el informe final al ente agrario.<br/><br/>El informe reportó documentaciones no justificadas por valor de poco más de G. 700 millones al corte administrativo realizado el 28 de mayo pasado.<br/><br/>POCOS RESULTADOS. Cuando faltan solo cuatro meses para que finalice el tiempo establecido por contrato, el censo de colonias del Indert relevó solo 12% de los lotes en cinco meses de ejecución del proyecto. El objetivo previsto contemplaba que debían ser relevados 223.225 lotes agrícolas y 1.140 colonias en total, correspondientes a 190 distritos de 14 departamentos de la Región Oriental.<br/><br/>Además, para obtener estos escasos resultados se gastaron hasta el momento G. 7.500 millones, que significa el 42 por ciento del presupuesto total, que asciende a unos G. 18.000 millones (USD 4 millones). El ingeniero Arnaldo Barrios del Indert y el licenciado Hugo Pereira, de Adepo, son los principales responsables del Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra y Diagnóstico de Colonias. <br/><br/>TRANSICIÓN PRESIDENCIAL<br/><br/>Las firmas y personas contratadas por el Indert para brindar servicios emitieron documentos que no fueron aceptados por la Subsecretaría de Tributación por estar el timbrado fuera de la fecha de vigencia. <br/><br/>