Los productores y semilleros cuestionan los criterios abordados en el proyecto de ley y el alto impacto negativo que estos podrían tener sobre el sector productivo en general, incluyendo a la agricultura campesina e indígena, el hecho de penalizar el uso de semillas guardadas y obligar a estos sectores a registrarse para poder utilizarlas.
Estos gremios sostienen que la extensa normativa que se propone presenta, desde el punto de vista de los productores, varias deficiencias que comprometen su viabilidad. “Antes que proponer, lineamientos accesibles y ágiles para el cumplimiento y aplicación de sus disposiciones por parte de los destinatarios de las mismas, incluye prescripciones (conceptos, criterios y regulaciones) que dificultarían tanto su comprensión como su observancia por parte de los productores”, indica el comunicado de la APS.
Este y los otros gremios de productores se reafirman en que este proyecto de ley de semillas del Senave atenta contra los legítimos derechos de los productores, entre ellos, los pequeños agricultores, alcanzando incluso a las comunidades indígenas.
“De esta manera, aparecen figuras o criterios relativos al alcance, el registro nacional, al uso público restringido, los actos relativos al material de reproducción o multiplicación de su variedad, los mecanismos de registros en general, las denuncias por sospechas o la responsabilidad penal que comprometen a la propuesta”, indican.
La APS subraya que en la propuesta legislativa del Senave subyace la intención de extender al productor la responsabilidad por las deficiencias en materia de fiscalización y control, antes que mejorar sus procesos institucionales relacionados al cumplimiento de la legislación.
