La PGR dio algunos detalles sobre las acciones judiciales realizadas contra la Aseguradora Tajy Propiedad Cooperativa SA de Seguros por incumplimiento de contrato. En el caso de Neighpart, la póliza ascendía a G. 200 millones y se cubrió la totalidad, mientras que la situación de ICAP Consultores e Ingenieros SA implicó más negociaciones y una póliza de G. 4.304.755.400.
En ese sentido, la institución explicó que tras rescindir el contrato, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) remitió los antecedentes a la Procuraduría a través del ente regulador, es decir, el Ministerio de Salud. A su vez, la PGR promovió una demanda judicial ante la inminente prescripción de la acción.
Lea más: Rocío Vallejo dice que procurador interino ejerce de manera inconstitucional
Sin embargo, no menciona las fechas y, según la diputada Rocío Vallejo, hay un punto ciego que se necesita esclarecer para conocer el trayecto de los trámites y el actuar de las instituciones, ya que las sospechas apuntan a un negociado para el cobro excesivo de honorarios profesionales, similar a lo ocurrido en el Instituto de Previsión Social (IPS).
La Procuraduría explicó que se dejó constancia de que el monto final que se debía abonar al Estado paraguayo por los daños ocasionados se determinaría en el juicio y podría ascender hasta el límite cubierto por la póliza, es decir, por más de G. 4.300 millones. En el proceso además se solicitó el embargo preventivo por este monto.
Posteriormente ambas partes celebraron un acuerdo en el que admiten un daño por G. 520 millones y la aseguradora se encargó de pagar los honorarios profesionales. Al respecto, la institución defendió que se cumplieron con los artículos 17 y 13 de la Ley 6837/2021.
Estos puntos establecen que al menos el 10% correspondiente a los honorarios deben ingresar a la Procuraduría y el resto dividirse entre los abogados que trabajaron en el caso, pero el ente no dio detalles de los montos ni la distribución.
“La Procuraduría General de la República reafirma su compromiso irrenunciable con la defensa del patrimonio y los intereses del Estado paraguayo, actuando siempre con estricto apego a la legalidad, la transparencia y la ética institucional”, expresa el comunicado.
La diputada opositora que divulgó el caso espera que le entreguen informes, pero además cuestiona que el procurador interino ejerce de manera inconstitucional. Lo había designado como encargado de despacho el ex contralor Marco Aurelio González antes de renunciar para asumir como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay.
