Los denunciantes son: Gloria Pereira, Cinthia Ferreira, Nidia Florentín y José Darío Bazán, de Concepción. También Rosalina Vega, de J.A. Saldívar; Miguel Álvarez de Canindeyú, Fátima Fleitas y Cándida Caballero, de Misiones. Otros denunciantes son Celsa Sánchez de Guairá, Graciela López, Hermenegilda Gutiérrez y Zulma Rivas, de Ñeembucú.
La delación refiere que el imputado ofrecía combos de productos electrodomésticos y préstamos de dinero en efectivo, que debían ser cancelados a través del descuento salarial del MEC y para ello proporcionaron a los funcionarios de la empresa formularios con el membrete correspondiente, además de pagarés, según informaron desde el Ministerio Público.
Luego los educadores se percataron de que se descontaron montos mucho mayores que los pactados e incluso se ordenaron embargos por acciones ejecutivas promovidos por los abogados Mercedes Lucila Martínez Galeano y Rolando Salinas Pastore ante el Juzgado de Paz del Distrito de La Encarnación.
La fiscala Sosa remarcó que se perpetró usura, porque las contraprestaciones resultarían evidentemente desproporcionadas con relación a las prestaciones recibidas por los docentes y, en ese contexto, Jara Acosta habría explotado la necesidad de aquellos en atención a su indisponibilidad salarial de conformidad a sus respectivos extractos salariales y registros de Informconf, contemporáneos al momento de la celebración de los contratos mencionados con el fin de obtener beneficios patrimoniales usurarios.
La imputación agrega que la firma de los formularios de Autorización de Descuento en Planilla de Sueldos y Orden de Pago de “Marité S.A.”, de parte de los referidos denunciantes, se habría hecho a los efectos de obtener instrumentos con los cuales se inicien juicios ejecutivos para lograr el embargo ejecutivo de sus haberes depositados en las cuentas habilitadas a nombre de Pereira, Ferreira y Florentín en el Banco Nacional de Fomento y con ello se lograría el perjuicio patrimonial por una parte y por la otra, el beneficio patrimonial indebido.
