Es evidente el mal estado en que se encuentran las empresas públicas del país, tanto desde el punto de vista de sus balances financieros y contables, como de la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía. Por este motivo, es de esperar que la auditoría realizada a estas firmas termine con resultados que dirijan a su desmantelamiento o privatización, sostuvo el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira.
El economista sugirió analizar una a una la situación de las empresas, ya que en ciertos casos probablemente se tendrá que optar por la venta de los activos. En cuanto a otras instituciones, como la ANDE, consideró que podrían ser más convenientes procesos de privatización parcial o tercerización de ciertas áreas como la distribución de energía.
“Hay empresas que posiblemente sean vendibles y hay empresas que haya que desmantelarlas y el Estado se tiene que hacer cargo de los pasivos laborales, como fue el caso de Fepasa y es probable que Capasa esté en una situación muy parecida”, dijo.
Adelantó que esto demandará un debate político importante y una vigilancia de las finanzas públicas, con una fuerte asesoría jurídica e internacional. Además, apoyó la idea de que las entidades actuales pasen a funcionar como entes reguladores y abogó por priorizar la calidad del servicio que se brinda a los usuarios.
“Las empresas públicas como tal no deberían existir, el Estado no es eficiente en la producción de bienes y servicios; si el Estado se mete más en temas vinculados al control de los mercados, para garantizar que funcionen bien, creo que vamos a tener resultados más eficientes”, aseveró.
Respecto a los efectos que la venta de empresas pueda generar a las finanzas públicas, reconoció que desembocará en “ingresos extraordinarios”, pero por una sola vez. Por otro lado, estimó que el presupuesto público se “achicaría” en la administración descentralizada del Estado. “El producto de aquellas ventas que se hagan también tiene que ser bien utilizado”, advirtió.
Según los resultados que arrojen las auditorías, el Gobierno decidirá si corresponde seguir invirtiendo en mejorar los procesos o bien convertir a algunas en entes reguladores del mercado, para ganar eficiencia. “El análisis debería ser: dónde producimos más beneficios para los ciudadanos y dónde generamos menos costos para los ciudadanos”, concluyó Ferreira.